La clase política ha logrado un acuerdo para aplicar un impulso fiscal de 12 mil millones de dólares. Resulta extraño que esto se celebre tanto, pues si hay una cosa en que los políticos, especialmente los de izquierda, siempre estarán de acuerdo será en gastar más dinero de los contribuyentes e incrementar el tamaño del Estado, que es de lo que depende su propio poder.

¿Era necesario el acuerdo? Luego de que el Estado —los políticos—, aplicando cuarentenas totales sin contar con evidencia contundente para respaldarlas, dañara severamente la economía en Chile, parecía inevitable que él mismo saliera a paliar los efectos del daño que ha causado y que, curiosamente, no se dio, por ejemplo, en nuestro vecino de barrio Uruguay. Digamos entonces que un paquete fiscal de este tipo era, en cierto sentido, la consecuencia necesaria del desastre económico causado por el pánico que llevó a las cuarentenas en un país y mundo hipermediatizado y con pocos liderazgos reales.

Ahora bien, aprobar este paquete era muy fácil, porque no significaba absolutamente ningún costo para la clase política. El paquete sería más creíble si al mismo tiempo resolviera en algo la ineficiencia y corrupción estatal que, según el BID, nos cuesta cerca de 6 mil millones de dólares al año, la mitad del impulso fiscal acordado. Pero nada de eso se hizo precisamente porque buena parte de nuestros políticos no están disponibles para asumir costo alguno en beneficio del país. Son demasiados los amigos, parientes y grupos de interés que los apoyan viviendo del Estado como para tocarlos. En consecuencia, es mejor endeudar a los chilenos a niveles récord y seguir gastando en una estructura que despilfarra buena parte del dinero que pelearse con lo que Milton y Rose Friedman llamaban “triángulo de hierro”.

¿Hacia dónde vamos entonces? Lo más probable es que de aquí a unos cuántos gobiernos más Chile se encuentre cerca de una crisis fiscal. La razón es muy simple. La clase política ya ha demostrado que no está disponible para que el dinero de los contribuyentes no se gaste en su propio beneficio, sino en el de los ciudadanos y no hay razón alguna para esperar que más adelante, cuando la deuda se acerque al 60% o más del PIB, cambie de opinión. Pero lo peor no es eso. Durante más de 20 años, la clase política e intelectual chilena, con diferencias de grados y pocas excepciones, ha convencido a la población de que puede vivir mejor trabajando menos y que la diferencia la cubre el Estado.

La ideología redistributiva que sepultó la preocupación por el crecimiento económico está tan instalada en el imaginario político y social que requiere demasiada fantasía concebir a nuestros políticos diciéndole a la ciudadanía que los derechos sociales no existen como se los prometieron y que deben recortarse porque no hay dinero para financiarlos. Como no harán eso, endeudarán más el país, subirán más impuestos y se pondrán cada vez más populistas, hasta que de tanto estrujar al sector privado el fisco no pueda cumplir con el tren de gasto comprometido y deba o ajustarse por la fuerza, o recurrir a la inflación tipo Argentina.

La literatura enseña que la economía política gira junto con las ideologías que dominan el clima de opinión. En Chile, hay que insistir, hace tiempo el igualitarismo se tomó la agenda llevando el PIB tendencial a caer fuertemente y la capacidad de progreso a estancarse de manera definitiva. Revertir lo anterior requerirá de un consenso en torno a mayor libertad económica y un Estado más pequeño y eficiente. A su vez, ello va a requerir de un discurso público que hasta hoy es descalificado por “neoliberal”.

Así las cosas, salvo que, por algún milagro, emerja un socialdemócrata tipo Gerhard Schroeder o Tony Blair con el suficiente respaldo para aplicar los ajustes requeridos, aunque demore algunos gobiernos, el iceberg de la crisis fiscal será difícil de esquivar. Y en ese camino hacia el barranco los técnicos no tendrán mucho que decir, pues tal como hasta hoy su voz ha sido plenamente ignorada cuando se trata de afectar los intereses de la clase política en aras del bien común, también lo será hacia delante, a menos, claro, que se trate nuevamente de aumentar el gasto.