La aprobación y despacho por el Congreso del proyecto que prohíbe el corte de servicios públicos por no pago durante el período de la pandemia marca un hito inquietante. De evidentes alcances expropiatorios, la iniciativa —surgida de la fusión de distintas mociones parlamentarias— resume algunos de los peores rasgos que ha tenido la reacción de una parte del mundo político a las crisis vividas por el país en los últimos meses, en cuanto a falta de rigor en la formulación de propuestas, cual si la idea de resolver un problema ciudadano excusara de abordarlo con la seriedad que demanda cualquier política pública.

El proyecto impone a las empresas sanitarias, eléctricas y de gas mantener sus prestaciones a personas, instituciones y microempresas, pese al no pago de sus cuentas por parte de estas. Las deudas se pagarían posteriormente, pero sin intereses ni otros cargos. Asimismo, en el caso de las telecomunicaciones, se obliga a las empresas a entregar servicios en forma gratuita. Si bien la medida no se aplica en forma universal, y en principio solo beneficiaría a personas cuyos ingresos se han reducido por la crisis, demostrar este hecho solo requeriría una declaración jurada simple, con el consiguiente riesgo de fraude.

Es comprensible la motivación del legislador y puede estimarse razonable la no suspensión de servicios en un período como el actual. Pero el proyecto hace suya una lógica según la cual el Estado puede disponer la entrega de un beneficio sin hacerse cargo de los costos involucrados, debiendo asumirlos los respectivos proveedores. Ello, desde luego, tiene un carácter expropiatorio, al imponer a determinadas empresas otorgar sus servicios por 90 días sin ser compensadas por el costo financiero de una medida que además aumentará sus incobrables. Dicho carácter expropiatorio es aún más evidente en el caso de las telecomunicaciones, donde se obliga a ofrecer planes completamente gratuitos.

Si, atendida la dura situación que muchas personas enfrentan, se quería ofrecer el beneficio de no corte por mora, caminos más apropiados hubieran sido el de mantener el cobro de intereses al momento de ponerse al día o que el Estado asumiera el costo de los otros beneficios. Tal vez buscando eludir la necesidad del patrocinio del Ejecutivo, se ha optado en cambio por imponer cargos a sectores específicos, lo que es reconocido como una mala política. Al oponerse, en efecto, al principio de horizontalidad en las cargas públicas, se abre el espacio al lobby y eventualmente a la corrupción.

De hecho, durante la discusión del proyecto ya se pudieron observar algunas de las distorsiones que introduce esta forma de legislar, cuando las empresas de distribución eléctrica intentaron distribuir el costo de la medida en toda la cadena de pagos, provocando un fuerte conflicto entre los actores del sector. Los generadores argumentaban que ya había recaído sobre ellos la carga de la ley de estabilización de precios y que ahora este nuevo costo amenazaba la estabilidad financiera de muchas empresas entrantes, casi todas de energías renovables. Finalmente —y tras esfuerzos desplegados por el Ministerio de Energía—, el texto no introduce modificaciones en este aspecto.

En cambio, otros factores de distorsión sí prosperaron: en el caso del agua potable, no se impone un límite a los consumos afectos al beneficio, señal especialmente compleja cuando el país vive una de sus más prolongadas y agudas sequías.

Más allá de la discusión que ahora se abre respecto de la constitucionalidad del texto, su despacho da cuenta de una preocupante dispersión en el debate de las medidas para abordar la crisis, con múltiples mociones avanzando en paralelo y sin una mirada de conjunto. En efecto, si en estos momentos gobierno y oposición discuten reforzar el ingreso familiar de emergencia para que las familias puedan afrontar de mejor manera la actual situación, ¿no es esa la instancia para abordar cuestiones como el acceso a los servicios básicos?

En lugar de un debate razonado, los legisladores —por amplia y transversal mayoría— han preferido aprobar una norma probablemente atractiva para la opinión pública, pero de negativos alcances y consecuencias, sin reflexionar en alternativas que hubieran resuelto el problema de mejor forma.