El shock de la pandemia de covid-19 está golpeando a la economía chilena con mucha más fuerza que lo proyectado en marzo. Esto es el resultado de una recesión mundial que se ha tornado más profunda, de la propagación interna del virus y de las políticas de contención a que ha dado lugar.

Las proyecciones de crecimiento global para este año han experimentado importantes revisiones a la baja; ahora se estima una contracción mundial entre 3,5 y 6%. Para los países avanzados se proyectan caídas del PIB entre 6 y 10% para EE.UU., la zona euro y Japón. En este cuadro, la tasa de crecimiento de China estaría entre -2 y 1%. Con el relajo de los confinamientos, la economía mundial debiera iniciar una recuperación en el segundo semestre. Sin embargo, mientras no se tenga una vacuna de uso masivo o un antiviral efectivo, la preocupación por los contagios seguirá afectando la actividad, especialmente a los servicios con un alto contacto cara a cara. Además, existe el riesgo de que la recuperación sea con altibajos asociados a segundas olas de contagios. Así, hoy se estima que las economías avanzadas recuperarían el nivel de producto de antes de la crisis recién en el año 2022.

La recesión mundial nos golpea con fuerza a través de los precios y volúmenes de nuestras exportaciones y de la incertidumbre sobre la evolución de la recuperación global. Las políticas domésticas de contención de la epidemia y, en particular, los confinamientos son otra gran fuerza contractiva. Estas dos fuerzas comenzaron a impactar en la actividad económica y el empleo a partir de mediados de marzo, lo que llevó a las autoridades fiscales, monetarias y financieras a introducir políticas de apoyo de los hogares, trabajadores y empresas más afectados.

La aceleración reciente de los contagios, con la consiguiente ampliación de las cuarentenas, llevará a que la caída de la actividad y el aumento del desempleo de los próximos meses sean más pronunciados de lo proyectado inicialmente. Por ello, es necesario reforzar las medidas de mitigación, las que fueron diseñadas para una epidemia de menor impacto y de más corta duración, especialmente el apoyo a los hogares con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Protección del Empleo (PPE), los subsidios de desempleo y los programas de crédito.

El IFE apoya a trabajadores informales, quienes requieren de su trabajo diario para obtener un ingreso y que con las cuarentenas ven cerrada esa puerta e incluso se ven forzados a salir a trabajar, en algunos casos incluso contagiados, aumentando el riesgo de contagio. Este programa requiere ajustes, en particular, mantener montos adecuados mientras se trabaja en controlar la epidemia. En la misma dirección, dada el alza que ya está experimentando el desempleo y la mayor duración prevista de la epidemia, el PPE puede requerir una revisión y tiene que convertirse después en un programa proempleo. En cuanto al seguro de desempleo, dada la reducida probabilidad de obtener un empleo, la escala decreciente de pagos de este debiera revisarse.

En cuanto a los programas de crédito con garantías del Estado a empresas viables y con problemas de liquidez, hay que evaluar su efectividad y eventuales ajustes, y acelerar los programas de crédito a empresas no bancarizadas. A pesar de todos los esfuerzos en programas de apoyo, algunas empresas van a quebrar y otras van a tener que recurrir a la reestructuración o la reconversión, lo que requerirá apoyar y facilitar estos procesos. Para financiar estos programas prioritarios, hay que echar mano, en primer lugar, a una readecuación del gasto público y a la cancelación de programas poco efectivos, y en segundo lugar, a un aumento del gasto fiscal.

Una vez que se haya controlado la propagación de la epidemia, lo más probable es que la recuperación va a ser lenta, por las heridas que esta va a dejar, así que se necesitarán programas de estímulos a la demanda y al empleo para impulsar la recuperación. Con la tasa de interés de política cercana a cero, la política fiscal es la que está llamada a jugar un rol importante en esta etapa. Esto incluye políticas proinversión (agilización de procesos, revisión del impuesto corporativo, etc.), políticas proempleo (subsidios a la contratación, asistencia activa a los desempleados, etc.) y obras públicas intensivas en trabajo (mejoramiento y expansión de infraestructura de comunicaciones, calles, plazas, viviendas sociales, infraestructura para servicios públicos, etc.). Este va a ser el momento también para avanzar en la agenda social, definiendo y consensuando una reforma que incluya al sector salud.

Los informes recientes de un grupo de economistas convocado por el Colegio Médico y otro de un grupo de profesores de las universidades Católica y de Chile para la Mesa Social de Economía hacen también recomendaciones para fortalecer políticas de mitigación y, además, proponen un aumento importante, pero acotado, de la deuda pública neta para financiar estos programas y para impulsar la reactivación.

Los gastos asociados a las políticas de mitigación, netos de reasignaciones y recortes en otros gastos, van a generar un salto importante del gasto público con un alto componente transitorio, el cual debiera extinguirse una vez que pase el momento más álgido de la epidemia, lo que va a llevar a un incremento en la razón deuda neta a producto (RDNP). Aunque tenemos una sólida solvencia fiscal, el aumento de la RDNP debiera ser prudente, dada la incertidumbre sobre el desarrollo de la pandemia y sobre la recuperación, y para dejar espacio fiscal para hacer frente a otros shocks futuros. Para reforzar el compromiso con la solvencia fiscal, es necesario reafirmar el principio de que gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes, lo que hará necesario actualizar la regla fiscal para anclar la política fiscal pospandemia y estableciendo un techo de la RDNP, una meta de déficit y reglas explícitas para volver a la regla frente a shocks futuros. En esto debiera tener un rol importante el Consejo Fiscal Autónomo. Para avanzar en esta dirección, tal como lo propone el informe presentado al Colegio Médico, se va a requerir un acuerdo político sobre el monto de recursos públicos a utilizar en los próximos 18 meses y los lineamientos generales de los programas, para así agilizar la aprobación de las medidas.

La invitación del Presidente Piñera a un acuerdo nacional es una instancia propicia para avanzar en esta dirección.