Estamos viviendo la sumatoria de cuatro crisis: el estallido rebelde de octubre, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social derivada de lo anterior.

Frente a una crisis de esta envergadura, inédita en la historia contemporánea de Chile, lo lógico, lo razonable, lo republicano, lo de sentido común es enfrentar como sociedad unidos esta crisis. Todo el mundo apela a la unidad. Sin embargo, muchas veces las conductas y las decisiones no colaboran a dicha unidad.

El actor principal en un régimen democrático frente a una coyuntura tan difícil como la descrita es el Gobierno y, en particular, el Presidente de la República. Asimismo, el Parlamento y su representación política constituyen un actor imprescindible. También son importantes en esta situación las opiniones de todas las organizaciones, sean estas sindicales, empresariales y profesionales. Todos los actores mencionados debiéramos actuar con unidad.

No obstante, tenemos múltiples ejemplos que no ayudan a esa unidad, y otros que sí colaboran. Por ejemplo, frente a la rebeldía de octubre hubo unidad política para encauzar institucionalmente dicha crisis por la vía del acuerdo sobre la paz y la nueva Constitución. Asimismo, se concordó en dos políticas sociales urgentes, como el reajuste del pilar solidario en un 50% y el reajuste del salario mínimo en un 20%.

Pero frente a la pandemia no hemos tenido unidad. El Gobierno, si bien se preparó con antelación, lo hizo esencialmente en una perspectiva curativa. Ahí están el aumento y reconversión de camas críticas y el incremento de reservas de ventiladores mecánicos. Pero fue tardío en la perspectiva preventiva, demorándose en la masividad de los test y en la aplicación de cuarentenas totales. El resultado lo tenemos con las cifras actuales y es de esperar que se haya aprendido la lección y que nunca más la ansiedad triunfe sobre lo racional; ansiedad demostrada en el “retorno seguro”, en “la nueva normalidad”, en el retorno a clases adelantado y en la apertura adelantada del comercio. Todo lo anterior nos está pasando la cuenta.

En materia de respuesta económica y social frente a la pandemia, tampoco hemos logrado unidad, salvo en el bono Covid, en que la oposición lo apoyó, pero solicitándole al Gobierno —tal como ocurrió— un incremento en 700.000 beneficiados. Lo mismo sucedió en el Fogape, donde se apoyó el proyecto gubernamental solicitándole al Gobierno, eso sí, que fijara la tasa de interés. Pero la principal diferencia ha estado radicada en la contundencia financiera en la ayuda a las familias más vulnerables, y cuyo mejor ejemplo fue la disputa parlamentaria y política sobre el Ingreso Familiar de Emergencia.

El Gobierno y la derecha no cedieron frente a nuestra opinión de que la cifra indicada per cápita, $65.000, iba a ser insuficiente para cubrir las necesidades básicas de varios millones de chilenos que viven al día, y que requieren salir a trabajar para poder comer en la noche. No solo hubo tozudez por parte del oficialismo, sino que se felicitaron entre ellos por haber mantenido dicha cifra. Pero la realidad es más fuerte, y para complementar esa ayuda insuficiente se tuvo que recurrir, a partir de ayer, a la distribución de dos millones y medio de cajas con alimentos, asumiendo un riesgo inédito en materia logística y de seguridad en materia de distribución.

Estimados lectores: la canasta para cuatro personas y para 15 días tiene un costo de $30.000, y estimando que una familia come 30 días y no 15, el valor mensual sería de $60.000. Si usted distribuye los $60.000 de la canasta entre cuatro personas, las matemáticas dicen que son $15.000 por persona, que es exactamente la diferencia que tuvimos en el monto per cápita del Ingreso Familiar de Emergencia. El Gobierno se cerró en la cifra de $65.000 y la oposición solicitaba $80.000. Si nos hubieran hecho caso, no habría habido necesidad de las cajas de alimentos y las personas hubieran podido comprar en su barrio o en su supermercado los alimentos complementarios.

Los ejemplos mencionados debieran obligarnos a todos a aprender estas lecciones, y por eso es que, en lo personal, lamento el fracaso político de la iniciativa del senador Insulza y del diputado Desbordes. Dicha iniciativa contemplaba, en su primera parte, que nos pusiéramos de acuerdo Gobierno y oposición en enfrentar unidos la pandemia considerando tres aspectos fundamentales: respetar las decisiones de la autoridad sanitaria, exigiéndole a esta mayor transparencia en los datos y consulta permanente a las entidades asesoras. En segundo lugar, solicitarle a la autoridad económica la transparencia total respecto de los recursos económicos que tenemos para enfrentar la pandemia. Y en tercer lugar, con los datos obtenidos, desarrollar una política de ayuda a los más vulnerables, eficiente, suficiente y programada en el tiempo.

Lamentablemente, la derecha y el Gobierno cerraron la puerta a dicho eventual acuerdo, así como, lamentablemente, algunas fuerzas de la oposición. Para ser claro, además, la segunda parte de la iniciativa Desbordes–Insulza, que eran 12 acuerdos nacionales pospandemia, no la creí pertinente, porque todos esos temas naturalmente debieran ser tratados una vez ganado el plebiscito en la Convención Constitucional.

Todos queremos la unidad para enfrentar esta tremenda crisis, pero debemos tener la voluntad efectiva en beneficio de los chilenos que lo están pasando muy mal.