A esta altura los ciudadanos no saben si es por afán de figuración o flagrante ignorancia, pero cada vez que los parlamentarios participan de la contingencia deportiva muestran lejanía de la realidad. No son todos, pero el grueso cae en la declaración demagógica o el lugar común.

El planteamiento de la diputada Érika Olivera, en orden a citar a los involucrados en el conflicto entre el plantel profesional de Colo Colo y Blanco Negro, refleja un error manifiesto.

El asunto es entre privados, en el que confluyen un empleador y empleados con plena capacidad para resolver en la institucionalidad del Estado. En este caso, la Dirección del Trabajo cumple su tarea. La diferencia con otras negociaciones de esta naturaleza es la caja de resonancia del Cacique.

Olivera y muchos de sus colegas están convencidos de que los recursos del CDF bastan y sobran para sostener a los clubes. Un razonamiento que también observó hace unas semanas la ministra del Trabajo, María José Zaldívar. Desconocen que esos dineros, salvo en escasos clubes, son un ingreso relevante, pero no alcanzan a sustentar la operación. Pero como el fútbol, y en especial Colo Colo, otorga un espacio de enorme impacto, suelen caer en el alegato fácil.

Da lo mismo que frente a sus narices un grupo de empresarios del fútbol, chilenos y algunos argentinos, con enorme protagonismo y prepotencia, perpetraran un Golpe de Estado, cuyas consecuencias fueron atenuadas por la intervención de los clubes grandes e instituciones que en su mayoría exhiben proyectos deportivos con vinculación frente a sus hinchas y ciudades.

Freddy Palma, presidente de Curicó Unido, fue claro cuando observó que entre quienes buscaron la salida de Sebastián Moreno de la ANFP había un lote de “golpistas”. Este núcleo, los más duros, está integrado por representantes de jugadores y empresarios poseedores de carteras de pases de futbolistas. Su único objetivo es mover a sus representados, hacer “pasadas”, pero el desarrollo de la actividad no está en su agenda. Ellos no entienden que no se puede estar en los dos lados del mostrador.

Por fortuna, el quiebre directivo permite que por fin se adecuen los estatutos de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile, por imperativo de la Conmebol. La orden vino de Asunción con el empujón de la FIFA. Esto significará que las selecciones nacionales, el fútbol joven, el femenino y los árbitros queden bajo el alero federativo, en quien recae la representación internacional. En la nueva estructura se sumarán los futbolistas y los entrenadores, a partir de sus organizaciones gremiales.

El dinero que viene desde la Conmebol y la FIFA, más los que se genere por los contratos de la Roja, no se irá a la ANFP, que mantiene su ejercicio y reparte utilidades con esos caudales. Este cambio requerirá grandeza y flexibilidad, porque de alguna manera habrá que financiar la sede de Quilín. Sin embargo, la mayor aspiración es que el destino de nuestro balompié responda, con aciertos y errores, a los intereses del fútbol chileno y no de algunos audaces que solo operan con la lógica del cómo voy yo ahí.