Hay quienes consideran que la asonada del 18 de octubre entregó un mandato político/moral a la sociedad, del cual ellos serían sus intérpretes autorizados. Parte de ese mandato sería el proceso constituyente, que tendría que expresar “el espíritu de octubre” si no queremos sufrir nuevos castigos. “El gobierno tiene que escuchar. De lo contrario, generará condiciones para un reestallido social”, dijo hace poco el senador Jaime Quintana. A lo mejor, la palabra “reestallido” se pondrá de moda en la TV. Se trata de una advertencia oblicua: no propiciamos la violencia, pero si no nos hacen caso, vendrán los violentos. Como es obvio, si la sociedad se convierte en rehén de quienes recurren a la violencia y de quienes la cohonestan como método político, la democracia será inviable.

Son muchas las calamidades que se van acumulando debido a la pandemia y sus efectos económicos y sociales. El desempleo, la precariedad y la pobreza crecen ante nuestros ojos. Se requiere, pues, que las fuerzas políticas actúen con sentido nacional y colaboren con los esfuerzos dirigidos a contrarrestar los estragos. En tal sentido, las cúpulas partidarias no pueden dejarse llevar por la inercia del proceso constituyente como si no pasara nada. Si la política prescinde de la realidad, los costos pueden ser desastrosos. No se trata de imaginar un escenario en el que desaparezcan las diferencias o cese la competencia. Se trata tan solo de dar preeminencia al bien colectivo por sobre el espíritu de bando.

Es legítimo el debate sobre los cambios constitucionales, pero es dudoso el empeño por convertir el proceso constituyente en una especie de fetiche curalotodo, bajo la sugestión de que se puede remodelar la sociedad a partir de un nuevo texto. Al respecto, no sirven las invocaciones de tono universalista acerca de cómo surgieron las constituciones en otros países después de guerras y revoluciones. No estamos saliendo de eso. Tampoco sirve asociar la página en blanco con una suerte de valentía constitucionalista. Parece prudente no aludir a la valentía respecto de los asuntos colectivos en que deben prevalecer el sentido de las proporciones y la racionalidad política. Tenemos que mejorar la democracia, no meterla en un atolladero. ¿Temor a los cambios? No ha sido ese el sentimiento predominante en los últimos 30 años, período en el que los chilenos cambiamos mucho a nuestro país, y para bien.

El plebiscito impone una división artificial. ¿Por qué votar Apruebo o Rechazo si es evidente que se trata de opciones abstractas, cuyas posibles consecuencias dependen de quien las describa? ¿Cómo no ver, además, que la eventual continuidad del plebiscito se salió del calendario?

En efecto, con el itinerario pactado no hay ninguna posibilidad de que se apruebe y entre en vigencia una nueva Constitución durante el actual período presidencial. El próximo año elegiremos alcaldes, concejales, cores, senadores, diputados y Presidente de la República sobre la base de las disposiciones de la actual Constitución. Eventualmente, se elegirían también convencionales (depende del plebiscito) y gobernadores regionales, los que se han desvalorizado debido a sus escasas competencias. El mismo Quintana propuso dejar en suspenso la elección de gobernadores hasta que la hipotética convención resuelva. Con la misma lógica, podría dejarse en suspenso la elección de senadores y diputados, ya que la convención podría resolver que haya un parlamento unicameral, y también dejar en suspenso la elección presidencial, puesto que podría surgir un régimen parlamentario. Son demasiadas las incongruencias.

Si se eligen convencionales en abril y parlamentarios en noviembre, Chile tendrá dos parlamentos en 2021 (o sea, dos presupuestos, dos burocracias), que funcionarían paralelamente, ¡y en medio de la campaña presidencial! ¿No les provoca ninguna inquietud todo esto a los partidos?

Las cosas serían distintas si tuviéramos que pronunciarnos sobre un texto alternativo de Constitución, o un conjunto de reformas específicas al texto vigente. Pero no es así. Es entonces inexcusable que el Congreso haya renunciado a sus facultades en ese ámbito. Ha llegado la hora de rectificar. Lo mejor es radicar el debate constitucional en el Congreso, y tener presente que el próximo año elegiremos un nuevo mandatario, que asumirá con todas las competencias establecidas en la actual Constitución.

El valor de la estabilidad y la gobernabilidad no puede relativizarse. Lo que necesitamos, hoy más que nunca, es favorecer la convergencia de muy amplias fuerzas para que Chile supere las dificultades, mejore sus instituciones y vuelva a progresar. Podemos generar acuerdos mayoritarios sobre lo que tenemos que cambiar y lo que vale la pena conservar. Es el camino de la integración nacional.

Sergio Muñoz Riveros