Por diversas circunstancias, el actuar e institucionalidad de Carabineros de Chile han estado sometidos a intenso escrutinio público y muchas veces a encarnizadas críticas que tienden a generalizar la actuación de unos pocos en toda la institución, cuando la inmensa mayoría de ellos se ha entregado a su labor de manera admirable.

Efectivamente, la situación actual es perfectible: se podría avanzar en la formación de los nuevos policías, en políticas de rendición de cuentas y transparencia institucional, que no necesita de una reforma preparada mediante una propaganda que nos ha bombardeado en estos últimos días con una hemorragia de columnas de opinión. Si no fuese una refundación, ¿para qué tanta explicación?

No obstante, cualquier reforma a la institución, si se hiciera, tiene que contar con la valiosa asistencia de los mismos carabineros y, al mismo tiempo, no puede significar una merma en su eficacia e independencia operativas.

Ciertamente la actuación de los uniformados, como los de toda persona —ya que no hay ninguna fuente de Derecho Internacional que señale que solo pueden cometer violaciones a los derechos humanos los agentes del Estado—, debe adecuarse en todo momento a los estándares de derechos humanos. En el caso de Carabineros, dichos estándares deben impartirse en sus escuelas de formación, sin subordinar su actuar en cada oportunidad a los denominados observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos o a la actual Defensoría de la Niñez, que en los hechos han demostrado ser refugio de activistas políticos.

Afortunadamente, en los últimos días, y pese a que muchos medios de comunicación no lo han difundido, un cuantioso número de las acusaciones sobre excesos en sus actuaciones en resguardo del orden público se ha demostrado falso.

También, hemos conocido por una encuesta en estos días que el 49% de los chilenos apoyamos a Carabineros de Chile, imagen que se ha reforzado desde la emergencia nacional y las atribuciones que se les ha encomendado con ocasión del Estado de Excepción Constitucional. La poca valoración de hace pocos meses solo se entiende por un feroz y constante ataque mediático, como lo prueba el hecho de que ese 49% “es el mejor resultado desde octubre de 2019”, como se lee en una nota de prensa. Esa alta valoración de Carabineros, sin embargo, contrasta fuertemente con la de los partidos políticos (donde incluso el Partido Comunista alcanza solo el 7% de aprobación y un 78% de rechazo), el Congreso Nacional e incluso los Tribunales de Justicia. ¿Por qué no reformar mejor el Congreso, bajando el número de congresales, y rebajando sus cuantiosas asignaciones parlamentarias, que lo han prometido y no lo han cumplido?

Si bien los datos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública indican que ha habido 1.616 civiles heridos desde el 18 de octubre hasta el 28 de marzo de este año, en el mismo período ha habido 5.138 funcionarios lesionados de Carabineros, PDI y las FF.AA. Estos datos indican que, en general, Carabineros ha tenido pleno respeto al aplicar la fuerza para reprimir los actos vandálicos, a pesar de lo que digan determinadas organizaciones de derechos humanos. Acordémonos que desde el 18 de octubre ha habido 136 estaciones de metro vandalizadas, 81 buses incendiados y más de 60 iglesias quemadas. Además, de las 36 mil personas que han sido detenidas a la fecha, el 93% de ellas queda en libertad, mostrando que lo que realmente está fallando en Chile es el sistema judicial, que sí tiene que ser reformado.

Por todo lo señalado anteriormente, pareciera ser que Carabineros no necesita una reforma, sino que, por el contrario, solo necesita el respaldo político necesario para que pueda cumplir su labor y proteger al chileno indefenso.

Marcos Jaramillo
Asesor jurídico Asociación de Ciudadanos Yo Ayudo a Carabineros (YAAC)