Señor Director:

La interesante discusión entre Daniel Mansuy y Fernando Claro sobre derechos, deberes y liberalismo(s) puede desrielarse con la réplica del primero ayer. Mansuy dice que el principal argumento de los promotores del voto voluntario fue que el obligatorio atentaba contra nuestra “libertad negativa”.

No da detalles ni citas, solo ese disparo a la bandada. Es posible, sin embargo, que este argumento se haya presentado en esa discusión hace más de 15 años. Pero, hasta donde recuerdo, el principal argumento fue que votar constituye un derecho jurídico y los derechos son de ejercicio voluntario. Es un deber cívico, un deber moral. Pero su forma jurídica ha de ser la de un derecho. ¿Por qué?

Porque, aun cuando pueden ser limitados cuando hay razones para hacerlo, los derechos tienen un núcleo intangible, fuera del alcance del soberano. Los deberes, en cambio, no. El soberano puede aumentarlos, disminuirlos o, incluso, eximirnos de ellos. Están a su disposición.

Un soberano ambicioso podría considerar la idea de aumentar los requisitos para cumplir el deber de votar o, incluso, eximirnos de él, perpetuándose en el poder. Al calificar el voto como un derecho, esta posibilidad se reduce al punto de desaparecer. Por esto, no es raro que en la inmensa mayoría de las democracias que miramos como modelos, el voto es un derecho jurídico. Voluntario.

La voluntariedad del voto, entonces, no es consecuencia de un fetichismo por la libertad individual, del desprecio por los deberes recíprocos ni de esa confusa noción de “atomismo liberal”. Es consecuencia de su calificación normativa como derecho, calificación que, a su vez, se deriva del valor de la democracia y de la alternancia en el poder que ella supone.

Lucas Sierra
U. de Chile y CEP