Mientras el covid-19 sigue afectando cada vez a más personas alrededor del mundo, los desafíos que plantea a los gobiernos se expanden desde la adecuada atención sanitaria a los enfermos a las consecuencias de la crisis económica en el empleo y los efectos de la cuarentena en la educación. La emergencia ha dado cuenta de las limitaciones de los Estados para gestionar por sí solos las múltiples necesidades que genera este tipo de crisis. En este contexto, la filantropía y las organizaciones de la sociedad civil han cobrado especial relevancia, demostrando capacidad no solo de allegar recursos adicionales, sino de gestionar respuestas ágiles para desafíos complejos.

La emergencia sanitaria obliga a adoptar cambios en la tradicional forma de operar de todas las organizaciones. Donantes y organizaciones de la sociedad civil han demostrado una gran capacidad de adaptación anteponiendo las causas a egos personales o institucionales. Ello ha permitido multiplicar las iniciativas colaborativas con perspectiva país en contextos diferentes, como los de Colombia, México, Brasil y también Chile, articulando cooperación no solo entre donantes, sino también con instituciones del sector público y la sociedad civil.

Distintos gobiernos han adaptado también sus políticas respecto de las organizaciones de la sociedad civil y los mecanismos de incentivos a las donaciones, en el entendido de que son actores fundamentales para superar esta emergencia. Los gobiernos de los países con altos niveles de filantropía han sido especialmente ágiles en implementar políticas públicas orientadas a asegurar la resiliencia de organizaciones de la sociedad civil para asegurar su continuidad operativa, flexibilizando sus obligaciones de reportar, incorporándolas en las medidas de subsidio al empleo, o bien desarrollando sistemas de préstamos blandos (Estados Unidos), o subsidios directos (Inglaterra).

También las agencias públicas han promovido el desarrollo de plataformas digitales para facilitar la conexión entre iniciativas de la sociedad civil con donantes, como ha sucedido en Australia, Canadá, y también en Chile (con MovidosxChile, impulsada por el BID, entidades de la sociedad civil y el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social).

En este grupo, cabe destacar el caso de Estados Unidos, país gravemente afectado por la crisis, pero también con una cultura de filantropía ampliamente desarrollada y un marco legal con reglas claras que se refleja en un promedio anual de donaciones que representan el 2% de PIB, de las cuales el 75% lo aportan individuos. A fines de marzo, el Congreso de Estados Unidos promulgó el CARES Act, ley que amplía al doble los topes de los montos que pueden acogerse a los incentivos tributarios a las donaciones. En la práctica aumenta por este año desde el 50% al 100% el monto que pueden donar los individuos de su ingreso bruto cuando tienen contabilidad completa y del 10% al 25% de la renta imponible que pueden donar las empresas.

Cuando se cuenta con reglas del juego claras, es más fácil adoptar medidas temporales. En Chile, organizaciones de la sociedad civil que reciben donaciones de individuos, empresas y family office deben navegar por más de 60 cuerpos legales que regulan las donaciones y sus incentivos, tarea compleja, más aún para las empresas que verán mermadas sus utilidades este año. Si bien hay una ley de donaciones en caso de catástrofes, no existen en este enjambre legal incentivos explícitos a la atención de salud, lo que implica la obligación de pagar un impuesto por cada donación recibida y solicitar una autorización judicial para entregarla.

A la vista de la realidad internacional, una norma general de filantropía que dé certeza jurídica a la participación de todos los actores —públicos privados y de la sociedad civil— se hace necesaria para sortear esta emergencia y salir fortalecidos de ella.

Magdalena Aninat
Directora Cefis UAI