Señor Director:

En su réplica, Harald Beyer y Loreto Cox desarrollan con lógica impecable por qué los testeos masivos y la trazabilidad deben ser medidas tomadas en conjunto para evitar que, una vez que se considere superada la actual emergencia, una segunda ola de contagio no se torne rápidamente exponencial. Respecto de las amenazas que la trazabilidad significa para nuestra privacidad, reconocen que el riesgo no se puede eliminar del todo, pero que es “calculado y palidece al lado de los beneficios que esta estrategia augura”. Puede ser.

Pero no se puede dejar de advertir que su escenario se construye sobre situaciones sobre las que hay muy poca certeza.

Primero, dado que ha existido una buena cantidad de casos asintomáticos, hay poca información sobre la real extensión del virus entre la población y, por tanto, se desconoce su verdadero índice de mortalidad y el porcentaje de la población chilena que se encontraría inmunizada. Si el primer índice fuera bajo —por ejemplo, semejante al de la influenza estacional— y el segundo porcentaje fuera relativamente alto, habría menos razones para aventurarse en su estrategia.

Segundo, nuestra regulación en materia de manejo de datos privados es muy insuficiente: habría que avanzar rápido en establecer mínimos que permitan evitar y, en su caso, perseguir el mal uso de la información recogida por la trazabilidad. A partir de la fortaleza o debilidad de esa regulación —que aún no tenemos— podría vislumbrarse mejor la magnitud de los riesgos involucrados.

Tercero, su estrategia sugiere una enorme fe en la tecnología, casi como si esta fuera inocente. Las preguntas sobre qué información será recogida, con quién y cómo será compartida, quién tendrá acceso a ella, cómo sabremos si está o no fallando su administración (o en sus resultados) o cómo nos aseguraremos de que no solo la información, sino que los mecanismos de recolección se eliminarán una vez que pase la pandemia, están todas abiertas. La misma propuesta de la OCDE que los autores citan (“Testing for COVID-19: A way to lift confinement restrictions”) advierte: “Una vez que los poderes de vigilancia son introducidos, tienden a mantenerse presentes, incluso cuando la amenaza inmediata haya pasado”.

Por último, ¿los ciudadanos podremos adscribir voluntariamente al sistema o será obligatorio? En este solo punto hay un mundo de diferencia.

Coincidimos con Beyer y Cox en que la vida suele ser un optar entre objetivos en tensión recíproca. Hay aquí una evidente tensión entre el control de la pandemia, por una parte, y la privacidad de las personas, por la otra. Pero para intervenir tan radicalmente ese derecho y, en su expresión, “gestionar” los riesgos implicados, sería necesario tener mayor información: tal como estamos hoy, sabemos muy poco.

Si bien hay un innegable mérito en proponer esta discusión, tendremos mejores herramientas para evaluar la necesidad de su estrategia y sus auténticos riesgos a medida que se resuelvan estos —y otros— vacíos. Ojalá que ello se haga con la velocidad que la situación requiere.

Ernesto Ayala
Lucas Sierra