Las pandemias han jugado un rol preponderante en nuestra evolución. Por ejemplo, en “Armas, gérmenes y acero” (1997), Jared Diamond atribuye a epidemias de viruela, tuberculosis y gripe la hegemonía de las civilizaciones euroasiáticas sobre otras no expuestas a estos gérmenes, y por ende vulnerables a ellos. Y la solución habitual ha sido el confinamiento. Pero, como siempre, estas enfermedades y su impacto económico acaban golpeando más a los pobres, con un deterioro de su salud e ingresos que se perpetúa en el tiempo. Así, las autoridades enfrentan una compleja decisión: cuándo y cómo relajar las estrictas restricciones que, en esta primera fase de la crisis, paralizan la actividad.

Han transcurrido cerca de dos meses desde que el Ministerio de Salud confirmó el primer caso conocido de covid-19 en Chile. Desde entonces, el número reproductivo básico, que representa la cantidad promedio de casos que causará una persona infectada durante el período de contagio, cayó a 1,3, la mitad del observado inicialmente, precuarentenas. Para controlar la pandemia, este número debe estar bajo 1. Ahora, por lo tanto, es necesario diseñar la estrategia de política para la fase dos, cuyo objetivo es contener la expansión de la epidemia, a la vez que reiniciar la economía. Luego vendrá la etapa final, probablemente recién el próximo año, cuando una vacuna esté masivamente disponible y la normalidad vuelva.

Esta segunda etapa, en la que las crisis sanitaria y económica son enfrentadas simultáneamente, ha generado enorme discusión científica. En un trabajo reciente, Álvarez, Argente y Lippi (2020) muestran, con datos para EE.UU., que la política óptima tras un trimestre consiste en mantener a 20% de la gente confinada, siendo clave la intensidad de los testeos. Así, reiniciar la actividad económica requeriría tres cosas: identificar a los que no contraerán el virus o lo transmitirán a otros, hayan mostrado previamente síntomas o no; minimizar la interacción entre los que tienen muy baja y alta letalidad; y usar información geográfica sobre la tasa de contagiados.

Lo primero exige masificar el uso de test que detectan anticuerpos específicos contra este virus. Dado que los asintomáticos que dan positivo con una prueba serológica aún pueden ser portadores e infectar a otros durante un cierto período de tiempo, es necesario verificar, mediante una prueba más sensible (RT-PCR), que sean inmunes. Los que resulten positivos con una prueba serológica y negativos con la de RT-PCR deberían regresar al trabajo, al igual que los con anticuerpos en el grupo menos vulnerable. Pero los del grupo vulnerable no deberían hacerlo hasta que el número reproductivo básico indique que la probabilidad de rebrote es muy baja.

Por consiguiente, las cuarentenas no deben ser indiscriminadas, sino basadas en información georreferenciada. En Pichilemu no hay contagiados, y en Aysén la tasa de crecimiento es casi cero. Allí, no tiene sentido que la actividad esté paralizada. En estas zonas, una vez reiniciada la actividad, el testeo aleatorio de anticuerpos e infección será fundamental, y deberá realizarse en el trabajo y ser financiado por el empleador. La realización de los test RT-PCR debe ser responsabilidad del Estado.

La alta densidad poblacional e intrahogar en las zonas más pobres no permite separar a los con baja y alta mortalidad. En estos casos el Estado debe proveer residencias aisladas para el cuidado de los pacientes más expuestos. Los hoteles hoy desocupados podrían utilizarse con este fin, financiándose sus gastos básicos con recursos públicos.

Lamentablemente, sabemos que la pandemia provocará la muerte de muchos y una profunda crisis económica con consecuencias permanentes. En lo inmediato, la autoridad debe enfocarse en minimizar las fatalidades y establecer las condiciones para que la economía pueda retomar su crecimiento. Pero hacia adelante, preparándonos para la próxima pandemia, requeriremos más información que permita reaccionar pronto y bien desde lo público, y establecer canales remotos para la relación con los ciudadanos. Será imperativo modernizar el Estado cuando la emergencia actual haya sido superada.

Felipe Balmaceda
Raphael Bergoeing
Universidad Diego Portales