Desde hace ya un tiempo buena parte de los diputados está actuando bajo la idea de que su particular sentido de justicia prima por sobre las reglas y en especial de aquella que reserva ciertas materias para iniciativa exclusiva del Presidente.

Hasta hace poco, al menos se intentaba invocar alguna interpretación que validara estas mociones. Ahora con impudicia se reconoce que se tramitan mociones que son inconstitucionales. Una diputada se permitió desafiar al Gobierno a ir al Tribunal Constitucional: “¡Vamos a ver si se atreven!”, espetó.

La gota que rebasó el vaso fueron las palabras de Iván Flores, el presidente saliente de la Cámara, por las que defendió la tramitación de estas mociones. Se trataba —arguyó— de una “cuestión de forma” que compensaba el hiperpresidencialismo de la Constitución de 1980. Agregó que ellos tomaban la iniciativa cuando veían que era urgente resolver un problema y el Presidente no lo hacía y que “ir contra los intereses del Estado de Chile eso sí es una inconstitucionalidad por falta al bien común”. O sea, lo que una mayoría de parlamentarios siente que es necesario para el bien común autorizaría a saltarse las exigencias constitucionales del procedimiento de formación de la ley.

La emergencia sanitaria ha exacerbado esta práctica. Se estima que existen al menos 30 mociones inconstitucionales por tratar materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. La semana pasada, la comisión de Trabajo de la Cámara aprobó un proyecto de extensión del posnatal presentado por diputados, haciendo caso omiso del hecho de que genera gasto fiscal.

El Senado tampoco ha estado a la altura. Para conseguir que la Cámara aprobara uno de sus proyectos de ley, consintió en la admisibilidad del proyecto que postergaba el pago de los permisos de circulación. Pero al cambiar el texto para esquivar la inconstitucionalidad, terminó aprobando un engendro legal; tanto, que el Presidente tuvo que enmendarlo mediante veto aditivo. Puede que esta haya sido una salida políticamente necesaria, pero desde el punto de vista jurídico sentó un pésimo precedente.

El Presidente no necesita recurrir al Tribunal Constitucional para evitar la aprobación de estas mociones inconstitucionales. Le basta con oponer un veto supresivo total antes de promulgarlas. Cuando se presenten, debe advertir que serán vetadas y proceder, en su momento, conforme a lo anunciado.

Este menosprecio a las reglas se observa en otro episodio que ha pasado desapercibido. La Cámara, por un mero acuerdo de la comisión de Régimen Interno, ha cambiado su nombre institucional: ya no sería Cámara de Diputados, sino que habría pasado a llamarse “Cámara de Diputadas y Diputados”. Se trata de un cambio que requiere reforma constitucional, pero “diputadas y diputados” dicen que eso es mera formalidad y que podrá hacerse más adelante...

El cambio no ha sido gratis. Se han gastado recursos en papelería, diseño de sitio web, logos, imágenes en redes sociales para sustituir el antiguo nombre. Se trata de gastos improcedentes que podrían originar responsabilidad penal.

El nuevo nombre —jurídicamente sin valor alguno— llega a ser hasta ridículo, amén de contrario a la gramática. La Real Academia de la Lengua ha insistido en que el uso del masculino genérico es propio del castellano; en un reciente informe sobre lenguaje inclusivo en la Constitución española, estimó que todos los plurales masculinos, entre ellos el de diputados, eran correctos y no podían considerarse sexistas.

Lamentablemente, este desdén por las formas jurídicas no se limita a los casos reseñados. Se pueden añadir las acusaciones constitucionales infundadas, la declaración de “nulidad” de una ley y muchos otros similares.

En este panorama, es natural que nuestro Congreso (en especial la Cámara de Diputados) esté tan deslegitimado y cuente apenas con 3% de aprobación (encuesta CEP). Mientras los diputados —también los senadores— no se tomen en serio las reglas que rigen su función, su descrédito y desconexión con la ciudadanía solo pueden agravarse.