Hace 15 días en esta misma columna planteaba 12 razones para aprobar la nueva Constitución. No estaba fuera de la realidad. Hoy todo ha cambiado a raíz de la crisis sanitaria definida por el coronavirus.

El escenario político definitivamente es otro y se ha reducido a dos planos. Uno, ya concretado, es la postergación del plebiscito para el 25 de octubre de este año y a la vez la postergación de las elecciones municipales y regionales para el 11 de abril del 2021. En otro plano, la actividad política está abocada básicamente en el Parlamento a trabajar iniciativas políticas del Gobierno a través del proceso legislativo en función de enfrentar la pandemia.

Por otra parte, y por razones naturales frente a la crisis sanitaria y a la emergente y tan grave como la anterior crisis económica que se nos avecina, el Presidente y el Gobierno son el protagonista principal. En mi opinión, la conducta del Gobierno, a pesar de vacilaciones iniciales, se ha mostrado crecientemente consistente en cómo enfrentar la crisis sanitaria y económica. La decisión de un paquete económico que contenga o atenúe la crisis de más de US$ 11.000 millones es acertada y se traduce en un conjunto de medidas que atenúa el ciclo económico recesivo. Sin embargo, quisiera detenerme en una observación crítica positiva en algunas de ellas.

El principal problema de la mayoría de los chilenos va a ser la pérdida total o relativa de sus ingresos, particularmente los que funcionan en la precariedad laboral e informalidad. Frente a lo anterior, la medida que comprende frente al cierre de la unidad económica producto de la catástrofe sanitaria, y que consiste en que el empleador mantenga su pago de cotizaciones y el trabajador mantenga sus ingresos a través del subsidio de cesantía es positiva.

No obstante, hay que recordar que este subsidio en el primer mes entrega al trabajador solo el 70% de su sueldo y que va decreciendo a través de los meses hasta alcanzar en el sexto mes de desempleo solo un 35% de su ingreso, para posteriormente pasar al fondo de emergencia. Lo anterior implica necesariamente que el Estado, tal como lo establece el proyecto de ley, va a tener que inyectar enormes recursos a dicho fondo para incrementar la creciente insuficiencia de ese fondo de emergencia.

Afortunadamente, en el trámite legislativo se ha determinado que en primera instancia los recursos para solventar los ingresos laborales provengan del tesoro público y no del fondo constituido por el seguro de desempleo. Sin embargo, el problema se agrava con aquellos millones de chilenos y chilenas que tienen un trabajo precario e informal y en consecuencia no son parte de la estructura anterior. Para eso el Gobierno, a través de otro proyecto de ley, ha determinado un bono de $50.000 por carga a través del subsidio único familiar. Pensamos que ese monto, siendo importante, es insuficiente; pero sobre todo que va a ser imprescindible reiterar ese bono en los próximos meses constituyendo de este modo para ese segmento de trabajadores el único ingreso para enfrentar la crisis sanitaria y la económica.

El conjunto de medidas adicionales para mantener el ciclo económico, y que dicen relación con postergación de pagos, créditos más baratos y apoyo a emprendimientos pequeños y medianos, en mi opinión, son correctas. Pero lo que quiero enfatizar a nuestros lectores es que junto a la crisis sanitaria de resultados no conocidos hasta ahora, tanto en su extensión en el tiempo como en profundidad, habría que agregar una crisis económica de envergadura que se traducirá en lo esencial en una probable recesión y un incremento del desempleo. La actividad política en consecuencia debe centrar, en mi opinión, sus esfuerzos en colaborar con el Gobierno para enfrentar ambas situaciones, la sanitaria y la económica, y siempre desde la oposición de izquierda resguardar la situación de los más vulnerables que, por lo demás, es nuestro sentido y nuestra esencia en la participación política.