Uno de los dilemas más complejos que presenta la aguda crisis por la que atraviesan Chile y el mundo dice relación con la política que los gobiernos deben seguir respecto de grandes corporaciones que, afectadas en su capacidad de operación, ven seriamente amenazada su viabilidad.

Históricamente, la definición de empresas “demasiado grandes para caer” (“too big to fail”, en inglés) ha estado asociada a firmas bancarias cuya quiebra amenazaría con generar un descalabro en el sistema de pagos y en el resto de la economía. Según ese criterio, se justificaría la acción del Estado, en la medida en que la caída en cuestión involucra externalidades negativas de altísima relevancia para todo el sistema. El sentido de dicha acción no es, pues, el de ir en beneficio de los accionistas o de los acreedores, sino que persigue asegurar la continuidad operacional de la empresa para así evitar efectos adversos generalizados. Por ello es que la regulación, anticipándose a esa posibilidad, debe imponer mayores exigencias de capital a instituciones bancarias consideradas sistémicas.

En las circunstancias actuales, sin embargo, el problema no está localizado en instituciones financieras, sino en empresas del sector real que se están viendo imposibilitadas de funcionar por las restricciones aplicadas, así como por la fuerte caída en la demanda. Por de pronto, es importante advertir que el impedimento de operar por decisión de la autoridad constituye un detrimento que eventualmente podría justificar alguna compensación. De cierta manera, los alivios en impuestos anunciados por el Gobierno pueden entenderse en esa línea.

No obstante, la discusión sobre el “rescate” de empresas va más allá, apuntando a los efectos indeseados y masivos de una quiebra sobre el resto de la economía o el sistema financiero. En este sentido, el tamaño de por sí no es necesariamente un buen criterio: bien podría sostenerse que los recursos destinados a salvar miles de empleos en una empresa grande podrían ser igualmente usados para salvar otros tantos miles de empleos en numerosas empresas pequeñas. Los argumentos de fondo se encuentran más bien relacionados con la interconexión con el resto de los sectores productivos, eventuales contagios o efectos directos e indirectos sobre el sistema financiero que podrían justificar una acción de este tipo. Ello, asumiendo que el mercado financiero no es capaz de generar los fondos respectivos incorporando adecuadamente el riesgo de tales operaciones.

En este sentido, el caso de las ayudas del gobierno norteamericano a las grandes empresas de autos, en 2009, puede entregar ciertos criterios clarificadores. De la observación de esa experiencia, pueden resaltarse al menos cuatro consideraciones. La primera es que la entrega de fondos —principalmente en términos de deuda— quedó allí sujeta a la presentación de un plan por parte de la empresa para asegurar su viabilidad económica y financiera. Ello requería compromisos de reducción de costos, así como acuerdos entre accionistas y acreedores para compartir la carga. Un segundo criterio a rescatar de esa experiencia es el de que cualquier compromiso de fondos por parte del Estado debe tener carácter de preferente en términos de los pagos que realice la empresa una vez retomada la operación normal. Este tipo de programas, además, deben tener un carácter temporal y estar diseñados de manera que los gobiernos puedan salir de su posición acreedora o de la propiedad de la empresa “rescatada” en el corto plazo. Un último punto a tener en cuenta es que los gobiernos no tienen ni la experiencia ni las mejores capacidades para hacerse cargo de empresas del sector real, especialmente cuando ellas han sido adecuadamente administradas. Por eso, más que asumir la dirección de una compañía —como fue históricamente en el caso de los bancos—, cualquier diseño debe apuntar a proveer los incentivos adecuados a la administración para recuperar la viabilidad de la firma en el mediano plazo.