Los últimos meses han sido tremendamente difíciles para nuestro país. A la asonada de violencia, que ha hecho tambalear los cimientos de nuestra institucionalidad democrática y de nuestra economía y que ha arrastrado hacia un desolador desenlace a la población y, por sobre todo, a los ciudadanos más vulnerables, a las familias de clase media y a miles de emprendedores, ahora se suma el coronavirus, que viene a propinar una suerte de golpe de gracia a nuestras alicaídas confianzas y escasas certezas.

La primera crisis, de la que aún no salimos y que, en el mejor de los casos, en términos de violencia desatada se encuentra suspendida hasta nuevo aviso, no la hemos enfrentado unidos. Y cómo hacerlo si para un grupo no menor de compatriotas la violencia resultó ser un medio legítimo para la consecución de fines políticos, mientras que para otros ello es intolerable en un estado democrático de derecho.

La violencia política nos dividió, y, no solo eso, nos fracturó de tal forma que hoy es difícil proyectar cómo nos recuperaremos de la profunda herida autoinfligida. El coronavirus, en cambio, une a los chilenos, incluso a la clase política o al menos lo hace en esta etapa, en aras de la sobrevivencia y de transitar juntos por el que probablemente sea uno de los periodos más oscuros de nuestra historia moderna.

En un escenario dinámico, donde solo hay incertezas y múltiples retos y en el que no existen recetas comprobadas, el Gobierno ha ido adoptando y anunciando importantes medidas, muchas sin precedentes, oportunas y bien orientadas, en aras de proteger a la población, hacer frente al sinfín de desafíos de infraestructura, de recursos humanos y materiales que la crisis del coronavirus implica y para evitar una debacle económica.

Se trata de una tarea tremendamente difícil, que a ratos obligará a adoptar medidas muy estrictas y en otros momentos a retroceder en ellas, lo cual requiere de un proceso de deliberación razonada, de análisis de experiencias comparadas y de ponderar los costos y beneficios de cada una de ellas en aras del bien común, todo en un muy breve plazo. Algunas de esas medidas requerirán de la aprobación del Congreso Nacional.

En buena hora, y en ese espíritu de alianza que parece percibirse, el Parlamento ha bienvenido y valorado las iniciativas y se dispone a discutirlas. Pero justamente porque la tarea es compleja, porque habrá externalidades negativas inevitables de las decisiones que se tomen y porque todos habremos de asumir costos para el bien de la sociedad, hoy, quizás más nunca, resulta imperativo que nuestros legisladores asuman la tarea que les cabe con la máxima responsabilidad, debatiendo con seriedad y sentido de oportunidad las medidas que tanto el Gobierno como los propios parlamentarios presenten.

Si a la crisis de violencia autogenerada y a la del coronavirus le sumamos (o continuamos sumando) otra, derivada de los efectos de políticas públicas pobremente debatidas y guiadas por el populismo —que también suele aparecer en tiempos de crisis—, lo pagaremos aún más caro. Las crisis, por definición, rompen el orden establecido, inquietan y provocan la preocupación de todos los actores. De buena fe, todos quieren estar presentes y actuar. Pero ello no necesariamente produce procesos virtuosos, ni menos resultados ejemplares.

El sentido de oportunidad y urgencia, que debe primar, no es equivalente a legislar de manera precipitada y aturdida. Por ello, preocupan algunas iniciativas parlamentarias, presentadas en las últimas horas, para abordar diversos aspectos de la crisis, pues, más que enfrentar la realidad, apuntan a negarla o a agravarla por ley. Prohibir los despidos por necesidades de la empresa —como pretende una de las mociones parlamentarias— solo contribuirá a agravar la crisis. Si las empresas no tienen recursos para pagar las planillas de sueldos quebrarán y miles de chilenos perderán sus empleos. Fijar los precios de los productos por ley no hará que aumente el stock de un bien escaso, sino todo lo contrario, además de destruir los incentivos tendientes a una mayor producción.

Subir los impuestos hoy, como proponen otros, profundizará los problemas de liquidez y de capacidad de pago de las empresas, arrastrando con ello a otras empresas medianas y pequeñas. No está el horno para bollos para darse gustitos. Más que nunca, debe ponerse el bien común y la razón por delante y actuar unidos, a pesar de nuestras diferencias y de la fractura que se instaló el 18 de octubre pasado.