Sí, hoy se cumple la mitad del mandato del gobierno de Sebastián Piñera. Eso significa que lo debiéramos estar evaluando por el cumplimiento de hasta el 50% de sus metas.

Pero, obviamente, eso no es posible en medio de la crisis que sufre el país y que revuelca al Gobierno. Nadie sabe qué porcentaje de la tarea está cumplida; más grave aún, ¿a quién le importa eso, cuando ni siquiera en el propio Gobierno se sabe para dónde ir, con qué medios y a qué ritmo?

La presidencia Piñera está ciertamente a mitad de camino, pero no solo en un sentido cronológico, sino en su propia autocomprensión, en su modo de ser y de actuar. Y eso es lo más grave que les puede pasar a un Presidente y su equipo.

El Gobierno está a mitad de camino entre el cumplimiento de sus deberes en el control del orden público y el abandono de esa misión, por temor a las acusaciones de violación a los derechos humanos.

También está a mitad de camino entre la obligación de cumplir con su programa y la entrega de contenidos importantes a la oposición, lo que ya se nota en el modo en que ha comenzado a concebir sus proyectos de ley.

Se queda el Presidente a mitad de camino cuando prefiere, como eje de su reciente gabinete, al partido más pequeño e inexperto de su coalición, y deja actuar solo por los márgenes a las colectividades y a los políticos más experimentados.

Y, como si quisiera autoimponerse un cerco para consolidarse en tierra de nadie, el Gobierno ha querido callar ante la gran disyuntiva constitucional, ha preferido quedarse a mitad de camino entre defender la institucionalidad en la que Sebastián Piñera ha sido electo al Senado y dos veces a la Presidencia, y promover la novedad constitucional completa.

Pero, seamos justos, seguramente el Gobierno ha optado por la tibieza y la mediocridad, porque ha percibido que la oposición democrática de izquierdas viene confluyendo también hacia posturas de total ambigüedad.

En efecto, a mitad de camino se quedan los partidos de la antigua Concertación cuando no son capaces, todos a una, de condenar la violencia, porque temen perder el apoyo de quienes han venido montando las manifestaciones pacíficas a grupas del 18 de octubre y de cada uno de los actos de guerrilla urbana consiguientes.

Se han estacionado, además, en la mitad del camino, cuando han preferido fórmulas que los protejan de la marea insurgente, en vez de someterse por completo al voto popular. El que hayan contemplado la posibilidad de aportar parlamentarios a una eventual asamblea revela hasta qué punto han buscado trucos para no ser arrasados.

Y al momento de legislar, ha quedado en claro que prefieren instalarse a mitad de camino, en la comodidad de una retórica reformista que denuncia los abusos y cacarea fórmulas para superarlos, pero que no está dispuesta a ceder nada de nada a la legislación que el Gobierno proponga para lograrlo.

¿Se puede hacer política así, política de indefinición, política de mínimos?

Si ya en tiempos de paz los comportamientos descritos revelarían pobreza y no favorecerían la deliberación de la ciudadanía respecto de proyectos definidos, en tiempos de crisis, en momentos de aguda confrontación, la confluencia de los políticos hacia la tierra de nadie, hacia la tierra baldía, hacia la tierra inhabitable, desanima aún más a los electores. “Si me lo quitan me matan, si me lo dejan, me muero”.

En estas condiciones, solo dos grupos logran ser percibidos como coherentes y decididos.

Por una parte, quienes han organizado, dirigido y potenciado la guerrilla urbana, y tienen por objetivo evitar el plebiscito; y por otra, quienes desde una coherencia doctrinaria y práctica de auténtica Derecha impulsan la opción Rechazo.

Ambos hacen camino al andar.