Estando ad portas del Día Internacional de la Mujer, conviene recordar la necesidad de propiciar iniciativas legales que impliquen beneficios concretos para las mujeres: reforma a la sociedad conyugal, reconocimiento del trabajo doméstico, incentivos para acortar la brecha salarial. Pero tal vez más importante sea evitar que estos sean postergados por el tiempo y recursos que se invierten en proyectos simbólicos que no mejoran su situación legal y social.
Se trata de gestos que, salvada la buena intención, implican un trato condescendiente hacia las mujeres que las minusvalora. Un ejemplo de esto, como hizo notar Juan Luis Ossa Santa Cruz en este medio, fue la invitación que hizo Stefan Kramer en el Festival de Viña para que su señora subiera a cantar. En apariencia se quiere realzar a la mujer, pero el mensaje es de un machismo encubierto: ella sube al escenario, no por su talento (que lo tiene), sino por una concesión graciosa de un hombre.
Esto es lo que, pensamos, sucede con un proyecto de ley que, después de haber sido aprobado por la comisión de la Mujer en el Senado a fines de enero, debería votarse en Sala en los próximos días. La iniciativa pretende modificar la regla legal de que los niños lleven primero el apellido del padre y luego el de la madre, que se califica de sexista y discriminatoria.
Y eso considerando que en Chile no hay leyes que permitan sustituir el apellido de la mujer casada por el de su marido, como sucede en muchos otros países. Esta tradición no parece incomodar a las mujeres que usan sin complejos el apellido del marido; desde la escritora Virginia Woolf, pasando por Jacqueline Kennedy, hasta Hillary Clinton, Michelle Obama y Carla Bruni-Sarkozy. Hace poco, ante el estupor feminista, la famosa abogada Amal Alamuddin, al contraer nupcias con el actor George Clooney, decidió cambiar su nombre a Amal Clooney.
En vista de que no es posible eliminar una norma legal que no existe, el movimiento feminista local se propone eliminar la precedencia del apellido paterno, pese a que este orden no merma en nada los derechos de las mujeres. Tampoco hay un clamor ciudadano contra la regla, ni existe evidencia de que las chilenas se sientan menoscabadas por ella.
El proyecto, siguiendo una ley española del 2000, establece que los padres podrán acordar el orden de los apellidos cuando inscriban el nacimiento de sus hijos. ¿Pero qué beneficio tendrían las mujeres de que sus hijos lleven primero su apellido? A la inversa, es probable que el proyecto cause perjuicios sociales ya que lesionará la estabilidad que debe tener el nombre legal de las personas. No se podrá saber a qué progenitor corresponden los apellidos de alguien.
Tratando de paliar esta incertidumbre, el proyecto admite el acuerdo solo para el primer hijo; los siguientes deberán llevar el orden que se impuso al mayor. Pero al disponer esto —aparte de que la incertidumbre se mantiene para personas con distintos padres–, el proyecto se vuelve inconsistente: si lo relevante es la voluntad de los padres, ¿por qué no podrían alternar el orden de sus apellidos según los hijos que tengan?
La experiencia española de dos décadas revela que el número de casos en que se ha ejercido la opción por el apellido materno es ínfimo (menos del 0,5%). Las intelectuales del feminismo español, en lugar de reconocer que las mujeres no se interesan por anteponer su propio apellido en el nombre de sus hijos, dicen que esto se debe al “patriarcado del consentimiento” que las presiona y las obliga a asentir al deseo del varón. Como Kramer, con la excusa de defender a las mujeres, se las trata de inseguras, débiles e incapaces de hacer valer sus méritos por sí mismas.
En todo caso, si se perseverara en la idea de eliminar la regla actual sobre el orden de los apellidos, proponemos que se la reemplace por la contraria, es decir, por la precedencia del apellido materno, como es el uso en Brasil y Portugal. Al menos de esta forma habría un orden de apellidos estable y general, y se garantizaría que el nombre, como atributo individualizador de las personas, siga cumpliendo el rol social que le compete.