Se inició la campaña para el plebiscito del 26 de abril. No está de más repetir una y otra vez que comenzamos un proceso inédito en la historia de Chile. Nunca antes un proceso constituyente había tenido las características de lo que iniciamos hoy.

El plebiscito inicial con las opciones Apruebo o Rechazo una nueva Constitución; las opciones para definir el mecanismo en que se construye dicha nueva Constitución con las opciones Convención Constituyente o Convención Mixta, la elección de los constituyentes el 25 de octubre de este año utilizando el mismo sistema electoral de la elección de diputados; la instalación en diciembre de este año de dicha asamblea, el trabajo por un año máximo de los constituyentes para redactar una nueva Constitución y finalmente el plebiscito ratificatorio en los primeros meses del año 2022.

Todo lo anterior no ha ocurrido nunca en la historia de Chile y por lo tanto este proceso democrático hay que cuidarlo y protegerlo para que ocurra. El mayor riesgo para todo este proceso es que triunfe la violencia y no la democracia.

En columnas anteriores hemos descrito la correlación de fuerzas políticas ante este proceso y las diversas estrategias de la derecha política, social y económica para enfrentarlo. Es hora, de iniciarse la campaña, que los que estamos por el Apruebo con toda su diversidad empecemos a debatir frente a la ciudadanía los contenidos esenciales de la nueva Constitución a la cual aspiramos. En esta dimensión se está trabajando en los partidos de la oposición, en las fundaciones y centros de estudios y con la inestimable colaboración de centenares de académicos e intelectuales. De toda esa discusión empiezan a surgir ciertos elementos comunes entre los que estamos por el Apruebo.

En materia de sistema político, la dirección es la desconcentración del poder a través de levantar un edificio institucional que garantice ese objetivo, y además construir un marco jurídico que garantice por una parte la gobernabilidad, y, por otra, la representatividad política de la diversidad nacional.

En esta columna, sin embargo, quiero referirme a la otra dimensión de una futura nueva Constitución, la cual es la dimensión económica y social de la nueva Carta Fundamental. En esta área se percibe una mayor convergencia de los que estamos por el Apruebo y todo apunta a la construcción de un Estado social de derechos. Los futuros derechos a garantizar por el Estado, además de los ya consagrados, apuntan a aquellos derechos que acompañan la vida de todo ciudadano por el hecho de haber nacido en este país. Estos son: el derecho a la salud; el derecho a la educación; el derecho a la vivienda; el derecho a una pensión digna y el derecho a un trabajo decente. Este último adjetivo proviene de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En la actual situación del país, ninguno de esos derechos está garantizado. En el sistema de salud tenemos dos subsistemas, el público, que atiende al 80% de la población que, no obstante sus buenos indicadores promedio, expresa profundas fallas de gestión, de cobertura, de calidad y equidad en la implementación de ese derecho, contrastando con el subsistema privado, que atiende a menos del 20% de los chilenos y a pesar de sus abusos atiende con mayor eficiencia y rapidez la demanda de salud de dichos usuarios.

En materia de educación, no obstante la creciente cobertura en educación básica, media y superior, tenemos una insuficiencia aún en el subsistema preescolar además de una impresentable inequidad en la calidad de la educación que está esencialmente determinada por la variable inversión en esta área. Como un botón de muestra, en la última PSU, de los 50 mejores establecimientos en materia de puntaje, 48 son particulares pagados y solo 2 son municipales y/o públicos.

En materia de vivienda, y dependiendo de la fuente informativa, tenemos un déficit de 450.000 viviendas según el ministerio respectivo, y sobre 700.000 según la Cámara Chilena de la Construcción.

En pensiones, los datos están a la vista. El promedio de pensiones civiles no supera los $250.000 mensuales y la mediana en esta materia es de $175.000.

Finalmente, en materia de derecho al trabajo, la realidad actual presenta diversos vacíos como la informalidad, una tasa de sindicalización que no supera el 20% y, lo más relevante, que de cada 100 trabajadores chilenos, solo 8 negocian su remuneración y condiciones de trabajo en negociación colectiva.

En consecuencia, por todo lo anterior, es hora de darle contenido al Apruebo y a la lucha por una nueva Constitución y desvirtuar la estrategia de la derecha que sostiene, en lo esencial, que una nueva Constitución no cambia las condiciones de vida cotidiana de los chilenos y las chilenas.