No es sorpresa que apenas se conocieron los primeros castigos del Tribunal de Disciplina por los incidentes que han ensombrecido el inicio del campeonato los clubes involucrados anunciaran que van a apelar, sin importar la gravedad de los hechos ni la evidencia de la falta. Coquimbo Unidos y Universidad Católica apelarán porque pueden, obviamente, pero además aduciendo que cumplieron con todas las normativas exigidas, que es la variante más utilizada por nuestros dirigentes a la hora de deslindar responsabilidades.

Aníbal Mosa y Mario Salas consideraron, por otra parte, que la suspensión del partido entre Colo Colo y la UC había sido “extraña”, sin considerar que los incidentes fueron muy violentos y que un jugador —de los suyos— resultó herido. Se amparan —y con razón— en que desde el directorio de la ANFP no hay una línea de acción clara y coherente para casos similares, pero olvidaron en ambas declaraciones hacer un mea culpa para su propia gente. Desde tiempos muy pretéritos en el fútbol, cuando ocurren desmanes se lanza una línea que pretende separar a los barristas de “la gente que nada tiene que hacer en los estadios”, como si fueran cosas diferentes. Salas incluso cree que el campeonato debería suspenderse si no hay garantías, pero jamás se le ha escuchado una condena a los que interrumpieron el torneo pasado, por ejemplo.

Sé que no es nada nuevo. Y que estamos acostumbrados al doble discurso. Entendemos todos que las soluciones al tema de la violencia no van a provenir del Consejo de Presidentes y que pedir consecuencia a los clubes que habitualmente protagonizan los actos vandálicos es una utopía. Jamás saldrá desde el seno de la Asamblea una propuesta para aplicar sanciones deportivas a las instituciones responsables y es una quimera que en la búsqueda del normal desarrollo del campeonato existan protocolos precisos y severos para encarar la situación, porque es en la duda y la confusión donde se pueden amañar las salidas, que es lo que en el fondo pretenden los que proponen y votan. Del dicho al hecho siempre habrá un largo trecho.

Pero esta semana hubo algunos ejemplos extremos. La petición del presidente de O'Higgins, Ricardo Abumohor, para que fuera la UC la que administrara la crisis de credibilidad y gobernabilidad de Quilín, por ejemplo. Es extraño que se pida públicamente, y no donde corresponde, que es en la Asamblea. El camino debería ser censurar a la mesa, adelantar elecciones y proponer, derechamente, la candidatura de Juan Tagle al sillón. Pero desde Rancagua consideraron que era más fácil socavar aún más el poder de la actual directiva lanzando la idea al viento, que es una forma extraña de operar, por decir lo menos.

Como también lo es el enésimo reclamo de la UC por la convocatoria de sus jugadores a la selección, esgrimido por Tagle y Ariel Holan. Es verdad que se pudo adelantar el microciclo, y que el club (como todos los que gozan el éxito) debe ceder sus jugadores cuando consideran que no les conviene. Lo sorprendente es que —sabiendo lo que se venía— a nadie se le ocurriera que las planificaciones deben hacerse coordinadamente, solicitando planes con antelación e información. Que el principal club del fútbol chileno sea sorprendido desde Quilín habla mal de la selección, por cierto, pero también de Cruzados. Un consejo: ya deberían haber aprendido. Y eso que no les llamaron a José Pedro Fuenzalida, y no sé por qué razón.