Algo huele mal en el MOP de La Araucanía. La Fiscalía de Alta Complejidad de la región investiga más de una decena de causas por delitos de corrupción. El tema saltó a la agenda esta semana, luego de que Radio Bío-Bío publicara un audio relacionado con una de las causas, en el que se menciona al entonces subsecretario de Obras Públicas y actual ministro de Economía, Lucas Palacios. En dicho audio, el exdiputado Gustavo Hasbún ofrece al contratista del MOP Bruno Fulgeri realizar gestiones para revertir el cobro de boletas de garantía por incumplimientos contractuales: “Mándame todos los datos de la empresa y déjame ver qué puedo hacer. Voy a hablar con Lucas Palacios hoy día o voy a hablar con alguien del MOP, pero necesito que me mandís todos los datos y me expliquís quién tiene que tomar conocimiento, qué dirección y además quién es la persona responsable, y yo lo veo (…), pero ojo que esto cuesta plata”. En un intercambio de WhatsApp relacionado, Hasbún informa a Fulgeri que “cobran 30 millones”, de los cuales debe pagar “7 por adelantado”. Agregando minutos más tarde que “están esperando (…), me tienen loco preguntando (…), me piden el adelanto”.

Es probable que este tema siga en la agenda a medida que se vayan conociendo nuevos antecedentes y avancen las investigaciones de la fiscalía. Sin embargo, la información conocida esta semana es suficiente para proponer una serie de reformas para prevenir la corrupción y mejorar la productividad en las obras públicas.

Hasbún argumentó que los cobros que menciona en las grabaciones no son coimas, sino los honorarios por las gestiones de lobby que iba a realizar. Más allá de que los WhatsApp ponen en duda esta línea argumental, pues sugieren que los eventuales beneficiados de los pagos de Fulgeri incluían a funcionarios del MOP, el caso ilustra varias debilidades de la Ley de Lobby aprobada en 2013. Por ejemplo, esta legislación no contempla un registro de lobistas, lo cual facilita recurrir a la coartada de que se están realizando actividades de lobby cuando en realidad los pagos en cuestión son sobornos.

El caso Hasbún-Fulgeri también muestra la importancia de legislar sobre la puerta giratoria. Legislaciones de este tipo contemplan un período de uno a dos años tras dejar su cargo en que parlamentarios y otras autoridades no pueden trabajar en empresas de lobby o realizando gestión de interés. Con una legislación como la anterior, el exdiputado Hasbún, quien dejó su cargo en marzo de 2018, no podría haber realizado actividades de lobby a la fecha del audio (febrero de 2019).

El contratista Fulgeri ha aparecido en varios programas de televisión esta semana, haciendo una serie de denuncias de ilícitos en el MOP. El empresario despierta simpatía, pero no es obvio que tenga la evidencia para sustentar cada una de sus acusaciones. Para que este tipo de denuncias tenga la máxima efectividad a futuro, es importante contar con sistemas sofisticados de protección de informantes y delación compensada que apliquen en casos de corrupción.

En las entrevistas en televisión, Fulgeri también mencionó que conoció a Hasbún cuando este vino a pedirle que colaborara con su campaña senatorial, a comienzos de 2017. Fulgeri no aparece entre quienes aportaron a la campaña de Hasbún en la base de datos del Servel, a pesar de que dice haber contribuido con dinero y especies. Desgraciadamente, eventuales delitos de financiamiento ilegal de campañas no podrán investigarse, porque estos prescriben luego de solo dos años. Extender el período de prescripción para este tipo de delitos es un tema importante y urgente.

Fulgeri también alega que dos de los contratos que obtuvo tenían errores de diseño graves. Agrega que luego de que el MOP se negara a corregir los errores, le cancelaron los contratos y los adjudicaron a otros empresas, sin licitación y a un precio mucho más alto que el original. El MOP dice que la cancelación fue porque Fulgeri no cumplió con el programa de trabajos e inversiones y no se pronuncia sobre los eventuales errores de diseño. Es difícil saber quién tiene razón, pero las quejas sobre proyectos de obra pública mal diseñados son frecuentes. También es conocida la debilidad institucional en que se realizan los cambios de contratos de obra pública.

En el caso de las concesiones de infraestructura, la ley aprobada en 2010 y cambios en los contratos utilizados a partir de 2007 mejoraron considerablemente los incentivos para diseñar cuidadosamente los proyectos y reducir renegociaciones contractuales, que son fuentes de ineficiencia y corrupción. No ha habido reformas análogas en el caso de las obras públicas. Ni siquiera existe una política de transparencia activa que publique las modificaciones contractuales junto a los contratos originales, dentro de un plazo establecido, en una página web.

Un informe de McKinsey de 2013, basado en el análisis de más de 100 proyectos en que participó la consultora a nivel mundial, concluye que las ganancias de productividad en el sector de infraestructura usando métodos probados llegan al 60 por ciento. Ganancias como estas son enormes. En los años que vienen, veremos un importante incremento del gasto público en Chile, lo cual requerirá de mayores impuestos y un sector público más eficiente. Los casos de corrupción en el MOP de La Araucanía conocidos esta semana sugieren que una parte importante de estas ganancias de productividad podrían encontrarse reformando cómo se provee la obra pública.