Por décadas, desde los setenta hasta cerca de 2010, más de 120 países, incluido Chile, fueron informantes y clientes de la CIA. La financiaron y le entregaban involuntariamente información secreta, sin saber que a la vez eran víctimas de su espionaje. Incautos, hasta pagaron por caer en la trampa.

En una operación encubierta, la agencia de inteligencia norteamericana les vendió máquinas encriptadoras, fabricadas y comercializadas por Crypto AG, empresa de su propiedad bajo nombre de otros titulares, instalada en Suiza, disfrazada como perteneciente a inversionistas privados no identificados, con propósitos aparentes estrictamente comerciales y de seguridad informática. Los servicios de inteligencia alemanes fueron socios en estas actividades hasta retirarse en 1993, por los riesgos de ser descubiertos en el espionaje a países aliados.

La casi totalidad de los gobiernos sudamericanos, asiáticos, africanos, las democracias europeas, hasta el Vaticano, desconociendo el origen, adquirían estas máquinas para proteger, codificar y transmitir información altamente confidencial. Las transmisoras estaban programadas para que la CIA las decodificara sin ser detectada por su clientela.

La empresa obtuvo utilidades por decenas de millones de dólares. Parte de la recaudación la reinvirtió en la compra de sus competidores, hasta monopolizar este negocio redondo. Crypto AG fue liquidada en 2018 por obsolescencia de sus productos, superados por programas computacionales más sofisticados, que seguramente siguen siendo interferidos por otros más avanzados de la CIA.

Esta semana el Washington Post publicó un reportaje documentado y con testimonios de exfuncionarios de la empresa fabricante y de la CIA. Tituló, con razón: “El golpe de espionaje del siglo”. Menciona específicamente a Chile entre los afectados.

Hay buenas razones para sostener que por largo tiempo la CIA logró acceso directo a la información encriptada de nuestra Cancillería, embajadas y de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas.

No sorprende la trama montada por la CIA. Lo inexplicable es la falta de cuidado de varios gobiernos chilenos y de los otros países usuarios de estos servicios. Debieron haber investigado exhaustivamente al proveedor de los equipos que, finalmente, resultó ser una sociedad de acciones al portador, registrada a nombre de una ignota oficina de abogados domiciliada en Liechtenstein.

Quedan muchas preguntas abiertas: ¿Excesos de confianza por tratarse de una empresa de Suiza, país neutral? ¿Simple negligencia? ¿Incompetencia? ¿Preferir cerrar los ojos y seguir lo que hacen otros países? ¿Economía y aparente conveniencia de precio? Hay otras probables y peores razones pendientes de responder y muchas experiencias que aprender

Un buen y querido amigo que desconfía de la privacidad en las telecomunicaciones recomienda los despachos por motoboy y sospechar de la interferencia de la CIA.