La situación de violencia pertinaz que abruma al país y deleita a una parte de sus habitantes no se diluye; acompañará por largo tiempo la vida nacional, quizás no con la amplitud de octubre y noviembre, sí nublando su paisaje. En lo inmediato, no solo magnificó la anticipadora autodestrucción del Instituto Nacional, la que no se detuvo a tiempo; lo mismo las barras bravas, tropa de forajidos observados con benevolencia por dirigentes deportivos (¿quién practica deporte?); ahora le tocó a la PSU. Puede arruinar el plebiscito, cuando las FF.AA., según la ley que data de 1941, deban asumir el control de los locales y tuviesen que enfrentar una violencia simultánea a lo largo del país. Emergerá el dilema de octubre último: o hacer uso de su oficio y sus riesgos, o dejar hacer.

Se pone en manos de Carabineros, con los problemas que sabemos y que solo este gobierno comenzó a encarar en marzo de 2018. Es indudable que algo falló en el control del orden con uso proporcionado de la fuerza. He presenciado en muchas décadas cómo carabineros llega a donde hay una trifulca y comienza a golpear al primero que pasa. En estos meses, sin embargo, esto ha sido un pequeño fragmento del cuadro total. Grupos más o menos atomizados que, en su conjunto, operan quizás instintivamente como una gran organización que declaró la guerra al sistema institucional de Chile (así lo debió expresar el Presidente en octubre), y que se debería responder con una autoridad legitimada para pacificar. La oposición política y social, aquella organizada y una multitud de voces surgidas y canalizadas por los medios, ha apuntado al Gobierno y a Carabineros como los autores de “atropellos” a los derechos humanos, paralizando todo intento de normalización (hasta esta palabra ha sido estigmatizada), ante la arremetida contra la legalidad en favor de una rebelión.

Lo mismo las comisiones internacionales de derechos humanos. Es importante que existan, quizás lo mejor que se puede decir de ellas. De los problemas que las aquejan, está el que se atienen a una definición en la cual solo al Estado se le pueden atribuir estas violaciones de los derechos humanos; a lo más se reconoce alguna violencia de los manifestantes, que en su gran mayoría serían pacíficos. Ya se ha comentado que desde esta supuesta mayoría pacífica no ha emergido una señal en que se perciba al menos distancia categórica ante la violencia y la meta de asalto desembozado a las instituciones.

El meollo del control proporcionado de la violencia en un Estado de Derecho depende en parte considerable de que también la sociedad, o su gran mayoría, entienda que tiene deberes de comportamiento cívico; es la base de una democracia que funcione. Si en cambio se cría un síndrome de tolerancia simpatizante, aliento indirecto, como emerge, por ejemplo, desde muchos parlamentarios o desde los medios, se hace natural el empleo de la violencia como algo cotidiano; con cualquier incidente donde Carabineros use la fuerza, abusivamente o no —he aquí la cuestión, como que da lo mismo para los críticos—, o entrega a las ciudades al vandalismo; o crea una situación imposible que se parece a una guerra de todos contra todos, con el enardecimiento usual. Cualquier sentido mínimo de la realidad nos enseña que, si existe anuencia para el levantamiento, o se abre la compuerta a que el populacho ocupe todas las sedes de instituciones —esos parlamentarios y agentes de los medios siguen en la lista—, se produce un enfrentamiento sin Dios ni ley. El respeto de los derechos humanos es asunto de dos, Estado y sociedad civil. Si uno de los pilares falla, le sucede el descalabro humano.