Finalmente, el Senado no dio luz verde a la acusación constitucional contra el intendente Felipe Guevara. La noticia es positiva, sobre todo considerando el recrudecimiento de la violencia durante enero y lo que se espera para marzo. Sin embargo, aún estamos lejos de leer en este gesto un espaldarazo de la oposición al Gobierno respecto del resguardo del orden público.

Así, lo sucedido no puede catalogarse como un éxito. Con mucha suerte, es un respiro. Por ello, frases del tipo “triunfó el sentido común” devienen más bien en un lugar común (de esos que a estas alturas resultan intragables) o, a lo sumo, en un intento desesperado por aferrarse a la creencia de que aún prima la sensatez en la política y de que esta no se ha convertido en una total chacota oportunista.

La falta de claridad conceptual de la oposición respecto de que el orden público es esencial y condición habilitante para el desarrollo y para el éxito de cualquier agenda social es en extremo preocupante.

Enero fue un mes tremendamente violento. Primero la PSU que, debido a la violencia, tuvo tres versiones (tras haberse aplazado sucesivas veces, asimismo, por los disturbios). Luego, las reiteradas funas e insultos a senadores y diputados en aeropuertos, centros comerciales y plazas públicas, cuyos cobardes autores ahora sumaron a una jueza que, al aplicar correctamente el derecho, desató la ira de los salvajes. Y, como telón de fondo, nos acompañó el vandalismo y la violencia física que de un tiempo a esta parte recorren nuestro país, a plena luz del día, y bajo la más absoluta impunidad.

Lo cierto es que estas acciones se han vuelto parte del paisaje, el que entonces es cada vez más triste y sórdido. Cual testigos perplejos y asustados, los ciudadanos observamos cómo semana a semana se suman más comisarías sitiadas, las que son cobardemente atacadas con proyectiles contundentes y con armas de fuego hechizas que buscan herir —y por qué no matar— a los carabineros que en ellas se encuentran, y advertimos cómo los vándalos queman edificios, públicos y privados, en Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Punta Arenas, entre otras, y decenas de buses del transporte público. En la Plaza Italia, así como en otros espacios públicos y calles de Santiago y otras ciudades del país, el desolador rompimiento de veredas y calzadas, que luego sirven de municiones para lanzar a diestra y siniestra a carabineros y a los locales comerciales, se ha convertido prácticamente en un oficio, que se multiplica sin control y a vista e impaciencia de todos.

Perplejos y desesperados por la incremental destrucción y por la amenaza que ella envuelve, los ciudadanos nos preguntamos: ¿Dónde está el Estado? ¿Qué espera la política para darse cuenta de que está jugando con fuego? ¿Acaso espera una catástrofe? Porque hasta ahora pareciera ser que la violencia que hemos experimentado, tremenda, brutal, cruel y permanente, ha sido considerada, inexplicablemente, o como compatible con nuestras vidas cotidianas (de alguna manera más o menos lastimosa), o como conveniente, tanto como para no querer detenerla.

Que uno de los poderes del Estado, como lo es buena parte del Poder Legislativo, no dé señales contundentes para respaldar al Poder Ejecutivo en materia de orden público hace que la tarea de este sea tremendamente difícil, además de muy solitaria. En este escenario, al que se suma la compleja situación por la que atraviesa la institución de Carabineros, el Gobierno, evidentemente superado, ha optado por una estrategia consistente en ofrecer agendas: sociales, tributarias, constitucionales y de pensiones, las que han implicado un giro en 180 grados respecto de los objetivos que inicialmente se planteó el Ejecutivo. Pero el asunto de fondo no es el mero vuelco o giro que han tomado las políticas públicas desde el estallido, sino la dirección errada a la que ahora se encaminan, hipotecando o a lo menos ralentizando el progreso y, en consecuencia, afectando en el mediano plazo a los más vulnerables y a la clase media.

Durante las primeras semanas del estallido, y ante la comprensible perplejidad de todos, uno podía comprender, aun cuando no compartir, el actuar del Gobierno. Pero transcurridos más de tres meses desde el 18 de octubre sin que ninguna de esas agendas (que encierran grandes concesiones a la izquierda y no acuerdos como se nos dice) haya tenido el efecto esperado —aplacar la violencia o subir a la oposición al carro del orden público—, parece más que evidente que es hora de cambiar la estrategia de la resignación total.