¿Se imagina llegar tarde a rendir la prueba de selección a la universidad? Qué pesadilla. Conozco a alguien que le pasó, claro que hace como 20 años. En ese entonces era la PAA y el atraso fue en la específica de matemáticas, puntaje clave para lo que el chiquillo quería estudiar. Fue el resultado de un hecho fortuito, pero con potencial de dejar huellas permanentes. ¿Forzado a esperar todo un año para rendirla? ¿Doce meses más de ansiedad, estrés y padres acongojados? Un total desastre. ¿Qué habrá pasado con el chiquillo atrasado?

Otro total desastre, pero de proporciones sociales, ha sido la última PSU. El caso es triste y fascinante a la vez, pues ilustra muchos de los desafíos futuros del país: promover competencia, reducir privilegios injustificados, mejorar regulación, incrementar productividad. Veamos por qué.

Los clientes cautivos de la PSU representan un gran mercado. Solo este año, casi 300 mil personas se inscribieron para darla. Y para proveer este esencial servicio, hace décadas que el Estado sostiene un monopolio. De ahí que el famoso Demre de la U. de Chile desarrolle, aplique y procese estas pruebas. Por este concepto, la institución recauda miles de millones de pesos (sorprende la dificultad para dar con la cifra exacta y para qué decir presupuestos detallados). Y como sucede en todo monopolio mal regulado, los incentivos para innovar y mejorar son exiguos. Lápiz y papel sugieren que la tecnología tras la prueba no ha cambiado; quedó demostrado que esta puede ser filtrada, y, claro, se sigue realizando una vez al año.

A lo anterior hay que agregar un conjunto de 30 rectores (29 hombres, 1 mujer) agrupados en una asociación gremial: el CRUCh. Este grupo toma decisiones que afectan a miles de personas, sin tener que dar muchas explicaciones. ¿Se cancela una prueba? Se reemplaza arbitrariamente con el máximo de otras. ¿Y la redistribución de oportunidades que esto genera? No hay argumentos justificados. Miles de jóvenes afectados, familias estresadas y nadie parece responsable. Todo gracias a una élite que protege intereses. Es que “no hay otro sistema de admisión que garantice la objetividad, la transparencia y la imparcialidad en las postulaciones”. La media gracia. Cuando se es el único oferente, es fácil decirlo aunque sea equivocado.

¿Cómo mejorar el sistema de admisión universitaria? ¿Empoderar más al CRUCh? ¿Más fondos al Demre? No, todo lo contrario. Es el momento de cortar los privilegios, abrir la competencia, licitar y modernizar la prueba. ¡No a la privatización de la PSU!, reclamarán algunos. Será buena señal. Se estarán pisando varios callos.

Volviendo a la historia. Una amable examinadora dejó dar la PAA al chiquillo a pesar del retraso. Si no, su vida hubiese sido muy distinta (quizás no estaría leyendo esta columna). Hay que evitar ese inmenso riesgo a todo joven. Más inversión, innovación, tecnología, y menos lobby y burocracia ayudarían a un proceso menos estresante, más expedito y justo. Quién sabe, quizás pronto se pueda beneficiar a miles con una PSU que se pueda tomar más de una vez al año.