Estamos a 86 días del proceso constituyente más democrático en toda la historia republicana de Chile. Por primera vez se le consultará a la ciudadanía si quiere aprobar o rechazar una Nueva Constitución. Nunca antes en la historia esta consulta había ocurrido. Por primera vez, además, se le consultará a la ciudadanía qué mecanismo prefiere para redactar eventualmente, si gana el apruebo, la Nueva Constitución. Las opciones son Convención Constituyente, en la que todos los ciudadanos candidatos serán elegidos por la ciudadanía, o la Convención Mixta, en la que dicha asamblea estará formada en una mitad por parlamentarios actualmente en ejercicio y en la otra mitad por ciudadanos elegidos por el soberano. Esto nunca ha ocurrido en la historia de Chile. Posteriormente, una vez redactada la Nueva Constitución, reitero si triunfa el apruebo, será sometida a plebiscito ratificatorio, en el que podrán participar todos los ciudadanos y además el voto tendrá carácter obligatorio. Lo anterior ha sucedido parcialmente dos veces en la historia republicana; la primera vez fue el plebiscito de 1925, al cual convocó el Presidente Arturo Alessandri y que aprobó la Constitución de esa fecha, pero con una particularidad, la cual fue la abstención convocada por los partidos Radical, Comunista y Conservador, que superó a la afirmativa. Y la segunda vez fue precisamente la Constitución que queremos cambiar, la de 1980, cuando la ciudadanía fue convocada por el dictador a pronunciarse sobre la propuesta constitucional elaborada por no más de 20 personas en total, prácticamente todos de la misma ideología de derecha, ejercicio que además careció de toda legitimidad democrática, considerando, entre otros elementos, la vigencia de un estado de emergencia, la no existencia de libertad de prensa, de expresión ni de información, la inexistencia de partidos políticos, la ausencia de servicio electoral, entre múltiples limitaciones al ejercicio democrático.

Tal es la envergadura del desafío democrático en 86 días más, que las diversas fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales se han ido manifestando en torno a las preguntas mencionadas. Es así como la derecha, en su inmensa mayoría, ha declarado formalmente su opción por el rechazo, con la excepción de algunos liderazgos en la UDI, de un sector minoritario de Renovación Nacional, de un sector mayoritario de Evolución Política y del “apruebo” sustentado por el más pequeño de sus partidos, que es el Partido Regionalista de los Independientes. Asimismo, la derecha económica ha empezado a manifestarse en su inmensa mayoría también por el rechazo, siendo quizás la figura más emblemática de este sector el, hasta este momento, único candidato a la presidencia de las Confederación de la Producción y del Comercio, a su vez presentado por la Sociedad Nacional de Agricultura, el empresario Juan Sutil, quien públicamente ha optado por el rechazo. Lo mismo ocurre con el ejecutivo más importante del grupo económico más importante de Chile, el grupo Quiñenco, Francisco Pérez, que también públicamente ha optado por el rechazo. Y aún faltan 86 días para que muchos representantes de la derecha económica se pronuncien, aunque con los dos ejemplos mencionados parece clara la tendencia.

Por otra parte, las oposiciones en su totalidad están optando por el apruebo, incluso aquellos partidos y movimientos que no firmaron el acuerdo del 15 de noviembre, de manera tal que la fuerza política, social y electoral, cuyo objetivo es el triunfo el 26 de abril marcando apruebo, ha iniciado la organización de los comandos para tal propósito. Lo que lamento política y personalmente es que ese esfuerzo no sea unitario, que por lo demás es lo que nos demanda la inmensa mayoría de los ciudadanos. De hecho, se están constituyendo, en el marco de la oposición, cuatro comandos diferentes: el de la Democracia Cristiana; el de la Convergencia Progresista, que agrupa a los partidos PPD, Socialista y Radical; el de la Unidad por el Cambio, que agrupa al Partido Comunista, al Partido Progresista, a la Fuerza Progresista Verde Social y a los partidos Igualdad e Izquierda Libertaria, y finalmente, el comando de las fuerzas organizadas en torno al Frente Amplio. Es de esperar que esta dispersión no confunda a la mayoría y se acentúe y privilegie en el mensaje comunicacional el objetivo principal, que es aprobar una Nueva Constitución y no los objetivos secundarios que en parte explican tal falta de unidad.

La estrategia de la derecha en la que no podemos caer las fuerzas progresistas que estamos por una Nueva Constitución es una campaña que pretende asociar el plebiscito del 26 de abril a la ingobernabilidad generada por la violencia y el desorden público, y posterior a esa fecha, la derecha refractaria a una Nueva Constitución apela al miedo, a la inseguridad y a la incertidumbre. Ninguna fuerza política progresista responsable se puede prestar a ese juego, que por lo demás es explícito en el discurso público de la derecha refractaria al cambio. Lo que tenemos que lograr es llegar en 86 días más a un ejercicio democrático, legítimo, transparente, sin una sola gota de violencia, ya que esta última solo sirve a los objetivos de los que no quieren cambiar nada, porque lo tienen todo.