No intentaré en estas líneas efectuar un diagnóstico sobre lo ocurrido en nuestro país el 18 de octubre de 2019 y en adelante. Más bien, quisiera invitarlos a pensar y a cuestionar lo que parece instalarse en el debate público como EL diagnóstico de lo sucedido y que al menos a mí no me cierra a la luz de la evidencia disponible.

Y es que, para explicar el estallido de violencia y las manifestaciones sucedidas tras él, varios analistas y políticos han vuelto a reflotar aquel diagnóstico de 2011, consistente en que los chilenos estaríamos generalizadamente descontentos con el modelo de desarrollo. Ese profundo malestar, nos dicen, nos debe convocar a transitar hacia “otro modelo”, el que solo se alcanzaría con reformas vastas y maximalistas para cambiar radicalmente el rumbo por el que el país venía avanzando.

En este “otro modelo”, el Estado tendría un rol más preponderante para conseguir un orden social más justo y libre de todos los vicios que ellos advierten del orden actual. El diseño del nuevo modelo recaería en personas que se supone sabrían, mejor que cada uno de nosotros, qué es mejor para cada quien. De más está decir que este diagnóstico encierra, total o parcialmente, un menosprecio por la manera en que hemos alcanzado los grandes avances de nuestra sociedad, en términos del aumento en los ingresos, la reducción de la pobreza, el mayor acceso a educación superior y la alta movilidad social.

Ese dictamen, que varios se han apresurado en validar, no se condice, sin embargo, con los resultados de los principales estudios de opinión pública en Chile, así como con los de otros indicadores internacionales. Estudios de opinión de alto prestigio, como la encuesta Bicentenario UC y la del Centro de Estudios Públicos (CEP), vienen mostrando por años que no hay antecedentes para sostener que el descontento o el malestar del que nos hablan esos analistas y políticos sea un fenómeno generalizado.

Por el contrario, esos estudios dan cuenta de una percepción de mejora sostenida en comparación con la situación vivida por los propios padres en diversos aspectos, como en el nivel de ingresos, el trabajo y la casa. También nos indican que la población chilena, en general, manifiesta, un alto nivel de bienestar subjetivo y que las personas mayoritariamente premian el esfuerzo individual. El World Happiness Report, por su parte, que realiza una comparación internacional de la felicidad entre más de 150 países nos muestra que entre 2010 y 2018 nos hemos mantenido en torno a los 6,6 puntos (para tener una referencia, los países que suelen liderar el ranking obtienen del orden de 7,6 puntos, de 10). Actualmente, nuestro puntaje nos ubica en el lugar 26 entre 156 países, y el índice es encabezado por Finlandia, Dinamarca y Noruega.

Sin ánimo en absoluto de ser complaciente con los múltiples desafíos y problemas que tenemos, algunos de los cuales ya nos revelaban otros indicadores de estas mismas encuestas antes del 18 de octubre de 2019 y de los que debemos hacernos cargo con urgencia (y que dan cuenta, por un lado, de una percepción de mayor inestabilidad durante el último tiempo, en que un porcentaje importante de personas cree que el país no está progresando y, por otro, de la desconfianza creciente en las instituciones, etc.), los datos nos muestran que la tesis —elevada a diagnóstico— del pesimismo y descontento general con “el modelo”, que justificaría propuestas radicales de cambio, no se condice con la evidencia. Pero a la política, la evidencia le resbala de un tiempo a esta parte.

En vez de poner el foco en mejorar la calidad de vida de las personas —que en buena parte pasa porque ellas tengan determinadas certezas o tranquilidades, como la de contar con un empleo que les permita generar ingresos propios y estables en el tiempo; con una red de protección que las sostenga en momentos complejos; con que sus barrios sean seguros y en ellos se ofrezcan servicios y cuenten con equipamiento suficiente para evitar mayores desplazamientos; con un transporte público eficiente y más que satisfactorio; con que los servicios que reciben del Estado sean oportunos y de calidad (por ejemplo en salud y educación pública) y por no verse expuestas a regulaciones y burocracias que obstaculizan su capacidad innovadora y el progreso—, la política hoy se desentiende de estos temas y se embarca en una travesía de cambios drásticos y maximalistas para romper “con un modelo” con el que la ciudadanía pareciera indicarnos no quiere cortar lazos.