Hace años que llevo una batalla solitaria, y bastante perdida, en contra del coeficiente Gini (que mide la forma en que se distribuyen los ingresos en la población) como elemento único para comprender el complejo problema de la desigualdad. Ello, no porque el ingreso sea irrelevante, sino porque esta no es la única ni la mejor medida para comprenderla en toda su magnitud y con todos sus matices. Una de las razones por las cuales la mayoría de los estudios se limitan a esta variable es porque los economistas, quienes en general tienen como inspiración que “aquello que no se puede medir no existe”, han tendido a monopolizar el estudio de la desigualdad, mientras la sociología y la historia tal vez han tenido poca, o no suficiente, intervención.

El hecho es que esta tendencia ha dejado fuera del campo de visión aspectos esenciales de la desigualdad y de la evolución de las condiciones sociales en general. Esto ha llevado a diagnósticos equivocados y, en consecuencia, a soluciones inadecuadas. Si intentáramos entender la evolución experimentada por la sociedad chilena entre los años 60 —cuando primero existen antecedentes sobre la distribución del ingreso— y hoy día, y lo hiciéramos solo a partir de esos datos, necesariamente tendríamos que concluir que nada significativo ocurrió en ese tiempo y que la sociedad chilena permaneció inmóvil y estática, pues la distribución de los ingresos, evaluada en tiempos históricos, ha permanecido prácticamente inmutable, sin variaciones relevantes. Pues bien, en ese período el país experimentó la mayor transformación en su estructura social como resultado de la modernización capitalista. La desigualdad de ingresos, por lo tanto, no puede asociarse ni es el resultado de ningún modelo de desarrollo específico. Y ciertamente, no ha sido la economía de mercado la que ha originado la desigualdad en los últimos 30 años, pues ha sido una constante histórica, cuya superación, a pesar de todos los esfuerzos emprendidos, no se ha alcanzado en términos notables. Esto es importante hoy, cuando se propone una nueva Constitución, uno de cuyos objetivos principales es cambiar el modelo de desarrollo para solucionar el problema de la desigualdad que, supuestamente, esta modernización habría “creado”.

La concentración en el tema de la desigualdad de ingresos tiene otras grandes falencias. En primer lugar, no permite medir los progresos en otras esferas, ni tampoco considera el incremento general de bienestar para todos los sectores ni la movilidad social absoluta que la mayor prosperidad trae consigo. Al menos hoy ya no hay, como entonces, niños pobres que sufran deterioros cognitivos, a veces irreversibles, por desnutrición o que mueran en la primera infancia por enfermedades infecciosas, producto de la falta de alcantarillado y de agua potable.

Estos estudios tampoco admiten apreciar las causas de la desigualdad, de la cual la medida Gini es solo el termómetro; ni consideran las nuevas desigualdades que la sociedad contemporánea está creando, como los efectos de la globalización; los cambios en la estructura de las familias, también desigualmente distribuidos por nivel socioeconómico; las nuevas patologías asociadas a la droga, o los efectos que la economía de la información y la revolución tecnológica tienen en la distribución de los beneficios materiales.

Finalmente, no distinguen entre una desigualdad positiva, como, por ejemplo, aquella que se produce cuando una generación con mayores niveles de educación logra ingresos muy superiores a sus progenitores; o entre una desigualdad justa, porque es el producto del mérito, del talento, el esfuerzo, el trabajo, la capacidad de crear los bienes que la sociedad aprecia y valora, y aquella injusta que proviene de privilegios indebidos, monopolios o abusos.