Estimado lector, en 113 días más nos levantaremos el domingo 26 de abril para que, por primera vez en la historia republicana de Chile, la ciudadanía decida entre aprobar o rechazar una nueva Constitución.

Asimismo, ese día también, en una segunda papeleta tendremos que elegir qué mecanismo desarrollará el contenido de la nueva Constitución: una Convención Constituyente, en que la totalidad de sus integrantes son elegidos, o bien una Convención Mixta, en la cual la mitad de sus integrantes serán parlamentarios vigentes y la otra mitad serán constituyentes elegidos por la ciudadanía. Mis opciones son aprobar una nueva Constitución y la Convención Constituyente.

Lo anterior es inédito en la historia de Chile. La Constitución de 1833 fue el resultado de una guerra civil en que triunfaron las fuerzas conservadoras sobre el bloque liberal. La Constitución de 1925 fue el resultado de un golpe militar realizado el 11 de septiembre de 1924 y la Constitución de 1980 fue el resultado del golpe militar de septiembre de 1973, que implicó el fusilamiento de más de 2.000 chilenos, la detención de más de 1.000 ciudadanos, la tortura sobre otros 38.000 chilenos, la expulsión de sus trabajos de más de 160.000 compatriotas, el exilio de 400.000 chilenos y sus familias, más todos los abusos imaginables que la historia y la justicia han acreditado.

En ninguna de las constituciones anteriores se le consultó a la ciudadanía si quería o no una nueva Constitución y el mecanismo de su implementación. En la de 1925 existió un plebiscito clasificatorio en el que la abstención propiciada por conservadores, radicales y comunistas superó la afirmación de la nueva Constitución. La Constitución de 1980 fue ratificada por un plebiscito completamente ilegítimo, al margen de cualquier ejercicio mínimamente democrático. Esta última se realizó sin registros electorales, sin partidos políticos, sin apoderados de mesa, sin propaganda para la opción NO y en estado de emergencia.

Después de 40 años, y no obstante las reformas a dicha Constitución —más sustantivas las de 1989 y las del 2005—, estamos a punto, si la ciudadanía lo ratifica, de romper la camisa de hierro que nos legaron Pinochet y Jaime Guzmán. Pero esta vez a través de un mecanismo completamente democrático; consultándole a la ciudadanía lo ya mencionado el 26 de abril; eligiendo una constituyente, cualquiera sea el mecanismo, el 25 de octubre de este año, y finalmente ratificando o rechazando el trabajo de dicha constituyente en marzo de 2022. Aún más, este último ejercicio democrático, de acuerdo a lo firmado por la mayoría de los partidos políticos el 15 de noviembre pasado, será con voto obligatorio.

Se ha llegado a este momento constituyente gracias a la movilización de millones de ciudadanos que entendieron y reclamaron que Chile cambió y que es urgente un nuevo pacto social e institucional que dé cuenta de los desafíos del presente. Sin esa movilización que aún perdura, todo atisbo de mera reforma y para qué decir de una nueva Constitución, estaba fuera de la realidad política.

Frente a lo que se nos viene, las agrupaciones políticas empiezan a tomar posición. En las oposiciones políticas a este gobierno hay un acuerdo unánime: aprobar la nueva Constitución y lograr que se construya a través de una Convención Constituyente elegida íntegramente por el pueblo.

Lo lamentable en este aspecto es que esa unanimidad no se refleja en la organización para enfrentar el plebiscito, considerando que a la fecha se han constituido cuatro comandos por la nueva Constitución; la Democracia Cristiana; la Convergencia Progresista, integrada por el Partido Por la Democracia, el Partido Socialista y el Partido Radical; la Unidad por el Cambio, integrada por el Partido Comunista, el Partido Progresista y la Fuerza Regionalista Verde Social, y finalmente el Frente Amplio. Digo lamentable, porque estoy convencido de que los millones de chilenos movilizados por el cambio requieren más que nunca unidad en la oposición y no divisiones y sectarismos.

Lo increíble ocurre en la derecha, completamente fracturada frente al escenario plebiscitario del 26 de abril. La UDI en su inmensa mayoría por el rechazo a la nueva Constitución, dejando sin piso político a su candidato natural a la Presidencia, Joaquín Lavín, quien públicamente ha sostenido que está por aprobar la nueva Constitución y aún más, que sea la Convención Constituyente la que la materialice. Por otra parte, el partido Evolución Política ha decidido aprobar la nueva Constitución y ha dejado en libertad de acción para la segunda pregunta, el mecanismo. Cierro este panorama de la derecha con la ambigüedad de Renovación Nacional, que está completamente dividido frente a la consulta plebiscitaria entre un sector cuyo líder es su presidente, Mario Desbordes, que está por aprobar la nueva Constitución, y otro sector que está por rechazarla.

Complementa este cuadro de la derecha fracturada la decisión del Partido Republicano en formación y su líder, José Antonio Kast, que no solo están por rechazar la nueva Constitución, sino que critican ácidamente a la fracción de la derecha que está por aprobarla. Todo lo anterior lo veremos en la realidad en 113 días más.