Exceptuando a aquellos para quienes la violencia es un fin en sí mismo, la mayoría de las personas que ha ejercido la violencia, la ha justificado o simplemente no la ha condenado con suficiente fuerza y efectividad, esgrimen tres grupos de argumentos para respaldar su actitud.

El primero, al que adscriben los más extremos, sostiene que el “sistema” —para otros el modelo—, que ha primado en el país desde los 80, es intrínsicamente perverso e injusto, y su destrucción se justifica para después construir algo nuevo. Una versión siglo XXI de las utopías marxistas que causaron enormes tragedias humanas en el siglo pasado, y que lo continúan haciendo hoy en Cuba, Venezuela y Corea del Norte.

El segundo grupo es el de quienes estiman que la presencia excesiva de acuerdos voluntarios —peyorativamente el mercado— lleva a las mayorías influenciadas por el márketing a actuar contra sus propios intereses. Se necesita usar la fuerza para poder guiarlos hacia lo que consideran es su verdadera conveniencia. Se requiere más poder del Estado, para que los pocos que tienen una visión y moral superior tomen las decisiones que las masas no alcanzan a comprender ni a aquilatar.

Finalmente, el tercer argumento y probablemente el mayoritario, reconoce que el país ha progresado, pero concluye que solo se beneficiaron unos pocos.

Este planteamiento tiene una larga historia en Chile y ha influido en la toma de decisiones que han hecho que el país avanzara más lento a lo largo de los años. Con el tiempo, esta postura adquirió mayor vigor y, al estancarse el progreso, a contar del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, más de alguno ha transitado de la incomodidad a la desesperanza y el enojo.

En Chile, las fuerzas del orden están lejos de ser el aparato represivo y totalitario de Cuba y Venezuela. El hecho que los poderes del Estado no las hayan respaldado como corresponde ante la erupción de violencia iniciada el 18 de octubre solo se puede entender si muchos de los líderes del país encuentran que tiene alguna justificación, aunque no sea más que subliminalmente. La condena al exministro Chadwick es parte de ese síndrome. En realidad, si de algo pudiera ser responsable no es del uso excesivo de la fuerza, sino de no haber tenido el apoyo político necesario para que las instituciones de orden actúen eficazmente. Miles de personas que han delegado en el gobierno su defensa han visto el esfuerzo de toda una vida esfumarse en el aire por ello.

Ninguno de los tres argumentos utilizados para justificar o comprender la violencia sufrida tiene el menor viso de realidad. De las utopías ni siquiera vale la pena el esfuerzo de argumentar, ya que la historia cercana es lapidaria para con ellas. La visión de que el país no ha progresado, o que no lo ha hecho en aquello que realmente importa o que solo ha llegado a unos pocos es totalmente incorrecta, a pesar de que sostener ese error parezca conveniente para el debate político irresponsable.

El avance de nuestro país en las últimas décadas es notable y le ha permitido acortar distancia con los países desarrollados. Entre el año 80 y hoy, Chile pasó de tener un 27% del ingreso per cápita de Estados Unidos a un 40%. En el intertanto, Venezuela y su utopía socialista descendió del 62% a solo el 17%, y Argentina, con su opción redistributiva y populista, pasó del 50% al 32%.

En más de una ocasión hemos indicado en estas líneas que el fruto del avance no ha beneficiado solo a unos pocos, como equivocadamente se afirma. Por el contrario, ha llegado a las mayorías, y no solo en acceso a bienes materiales, sino también en aquellos aspectos que son los más apreciados: niños que no mueren en la tierna infancia y que crecen mejor nutridos y educados; adultos con mejores expectativas de vida y con menos enfermedades; viviendas con servicios básicos para casi toda la población. Desgraciadamente, casi todo este avance se produjo entre 1980 y 2010. Se acortó la brecha, aproximadamente, a pasos de 4% cada 10 años. En cambio, en la década que termina en pocos días será un tiempo perdido desde esta perspectiva considerando el mal desempeño del año actual.

No se puede culpar a la economía mundial, que si bien no ha estado exenta de problemas, ha permitido que los países con políticas públicas adecuadas sigan avanzando. China, que el año 80 tenía un ingreso per cápita menor al 5% de Estados Unidos, se acercó al 20% el 2010 y hoy bordea el 30%. Taiwán y Corea del Sur, más desarrollados que Chile, siguieron avanzando y pasaron del 80% al 85% y del 61% al 69%, respectivamente, entre el 2010 y hoy.

Más aún, el ciclo Bachelet-Piñera, primera y segunda versión, que habrá presidido el país por 16 años, incluida la década que ahora finaliza, contó con precios del cobre muy superiores a los 25 años que le precedieron. Es cierto que han existido momentos de abrupta caída, como durante algunos meses tras la crisis del 2008 y que hoy está lejos de su punto más alto. Pero así y todo más que duplica los períodos precedentes.

La casi totalidad de las demandas ciudadanas requieren de mayores recursos, sea pensiones, salarios, menos horas trabajadas, mejor educación, salud efectiva y oportuna. Ante ello es paradójico que no sea prioritario comprender las razones del estancamiento para proceder a superarlo.

La ciudadanía ha intuido que la causa radica en un paulatino deterioro de las condiciones de emplear e invertir y en una burocracia asfixiante. Ello explica que contra todo pronóstico fuera elegido el presidente Piñera, dos veces, con una mayoría que nadie imaginó en la última elección.

Desafortunadamente, tanto en su primera gestión como en lo que lleva de la actual, el Gobierno no ha podido dar el giro que se esperaba de él. Quizás los efectos del fenómeno sísmico del 2010, unidos a las condiciones legadas por el primer gobierno de Bachelet y a una oposición férrea en el Congreso explican lo sucedido. El hecho concreto es que los emprendedores y trabajadores que crean riqueza y bienestar vieron dificultada su tarea con nuevas cargas e impuestos. Peor aún, en el imaginario político se les transformó en los responsables de las dificultades y no en los creadores de nuevos productos y oportunidades. Se acuñó la palabra abuso, muy conveniente para que los líderes políticos encuentren un culpable y por esa vía evadan su propia responsabilidad.

Ese ambiente favoreció que la presidenta Bachelet, en su segunda versión, llevara a cabo un programa profundamente estatista y antiprogreso que finalmente paralizó al país. La tasa de crecimiento, muy disminuida, solo equiparó el crecimiento de la fuerza de trabajo producto de la fuerte inmigración.

La violencia vivida en las últimas semanas y la renovada oposición en el Congreso están llevando a la segunda gestión del Presidente Piñera por una senda imposible de imaginar cuando triunfó con una mayoría ansiosa de corregir el rumbo anterior.

Si el derrotero se confirma, se dará la paradoja de que el gobierno actual completará el ideario que el gobierno anterior dejó inconcluso. En forma completamente improvisada y sin una visión clara de qué se quiere corregir, el país se encamina a un proceso constituyente. La incertidumbre y sus efectos económicos son fáciles de predecir. Luego de un giro en ciento ochenta grados, la autoridad fiscal se dispone a establecer nuevas cargas e impuestos a trabajadores y emprendedores. En lugar de contener la burocracia, esta está siendo reforzada con nuevas facultades y la creación de nuevos delitos, sin demasiada preocupación por configurarlos adecuadamente.

El camino que se empieza a recorrer —la década actual en que no fue posible acortar la distancia con el mundo desarrollado— no será un alto en el camino para después volver a acelerar el paso. Por el contrario, será el período en que Chile seguirá el mismo destino de otros países del continente —como Argentina o Venezuela—, que cuando parecían cruzar el umbral dejaron pasar la oportunidad.

No olvidemos eso sí que el Presidente ha debido enfrentar un brote de inusual violencia. No ha tenido para ello el apoyo decidido que la situación ameritaba de parte de otros poderes del Estado. Es razonable quizás una confusión inicial. Cabe tener la esperanza entonces que su gestión intente encaminarse nuevamente por el camino que ofreció. No es simple, la Caja de Pandora del proceso constituyente ya está abierta. Lo primero y primordial es aclararle a la ciudadanía que no es una nueva Carta Fundamental la que resolverá sus problemas. Solo el trabajo constante de crear nuevos, mejores, más accesibles y más variados productos y servicios permitirá a todos vivir mejor. Los emprendedores y trabajadores chilenos, en su abrumadora mayoría, han sido capaces de cumplir esa tarea en el pasado. El Gobierno, en particular el actual, tiene la obligación de no hacérselos imposible en el futuro.