Pero la respuesta en estos estudios sobre la satisfacción o insatisfacción de la ciudadanía con respecto a la agenda social que desató la movilización ciudadana es altamente insatisfactoria, alcanzando los 3/4 de la opinión pública. Lo anterior deberá colocar en alerta a la dirección política del país, integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, los partidos de gobierno y oposición y el movimiento social. Se está produciendo un desequilibrio en la respuesta de la agenda político-institucional. por una parte, y de la agenda social, por la otra.

Avanza rápidamente la primera: tendremos plebiscito el 26 de abril de 2020, es decir, en 5 meses más. Es altamente probable, además, que ese plebiscito contemple la paridad de género en el resultado, la representación de los pueblos originarios y la inclusión de pactos entre independientes para la elección de los constituyentes.

Asimismo, avanza rápidamente la legislación que revierte la voluntariedad del voto e incluso se podría llegar a que, para el plebiscito constitucional, ya existiera nuevamente el voto obligatorio. Todo lo anterior, una sólida respuesta frente a la movilización social en su demanda mayoritaria por una nueva Constitución, cuyo mecanismo sea una Asamblea Constituyente elegida en su integridad por la ciudadanía, como lo demostró la gran consulta municipal de la semana pasada con la participación de más de 2.500.000 de chilenos en dicha consulta.

Sin embargo, lo que nos debe preocupar es la respuesta desde el Gobierno fundamentalmente a la demanda por cambios sustantivos y estructurales en la agenda social. Como todas las encuestas y la consulta municipal ratificaron, la prioridad de las prioridades en materia social es mejorar profundamente el nivel de las pensiones en nuestro país. No obstante esa demanda, la respuesta hasta ahora ha sido parcial, gradual e insuficiente.

Se ha avanzado solamente en el pilar solidario que cubre menos de 2/3 de nuestros pensionados con un reajuste gradual a este pilar en dos años, que alcanza al 50% de aumento en la pensión básica solidaria y en el aporte previsional solidario. Hasta ahora no hay respuesta para 1.200.000 pensionados que no están en el pilar solidario y que también reciben pensiones muy bajas.

Esto lleva necesariamente a buscar fórmulas que los cubran en sus demandas que podrían implicar el aumento de cobertura del pilar solidario de un 20% adicional que signifique incorporar a dicho instrumento más de medio millón de pensionados que, teniendo pensiones o careciendo de ellas, se verían beneficiados por esta ampliación. Cabe destacar que el actual pilar solidario cubre a 1.500.000 personas que pertenecen al 60% más pobre.

La medida propuesta implica avanzar hacia el 80% de los pensionados. Asimismo, para el porcentaje restante es fundamental, recogiendo la iniciativa de Michelle Bachelet en su proyecto original y en alguna medida respaldada por el actual Gobierno, incrementar la cotización en 6 puntos con aporte del empleador, destinando 4 de esos puntos a la cuenta individual y los otros 2 a un fondo solidario y de reparto que permitiría, aquí y ahora, reajustar en un 20% las pensiones, sobre todo de mujeres, a los pensionados que no están en el pilar solidario.

Otra gran demanda de la ciudadanía es una reforma estructural al sistema de salud. Han existido avances como la legislación que permite la importación masiva de medicamentos por Cenabast; sin embargo, su gradualidad y su impacto en la baja de los medicamentos son muy extensos en el tiempo. También es un avance, por fin, la igualación de planes de salud entre hombres y mujeres, pero la ciudadanía pide más y en esta materia hay que ir a una reforma estructural del sistema, construyendo un plan único de salud garantizado para todos los chilenos con su respectivo plan de financiamiento único para todos, lo que implica para los que estamos en Isapre, como quien escribe, que su 7% vaya a un fondo común solidario para responder a todos los chilenos y si uno quiere un seguro complementario, lo contrata.

En materia de sueldos y salarios se avanzó con el ingreso mínimo garantizado que en los hechos significa, para los chilenos que perciben el sueldo mínimo, un alza de $60.000 al mes. Sin embargo, la ciudadanía en esta materia exige más y, en mi opinión, el ingreso mínimo garantizado deberá transformarse en sueldo mínimo y además estableciendo una diferencia entre el sueldo mínimo que pagan las pymes y el que paga la gran empresa, siendo para esta última una responsabilidad mayor que implique un sueldo mínimo superior al de las pymes.

En materia de deudas hay que abordar como prioridad la deuda generada por el crédito con aporte fiscal. Hay que buscar fórmulas, aquí y ahora, que alivianen la carga sobre aquellos centenares de miles de chilenos que se endeudaron para estudiar y conseguir un título, empezando este alivio con aquellos que viven el peor de los escenarios, constituido por los que ingresaron a estudiar endeudándose y por diversas razones no concluyeron sus estudios y quedaron sin título y con deuda.

Finalmente, y solo como una muestra del desequilibrio que lleva el título de esta columna, está el tema de la equidad territorial. Las propuestas —hasta ahora— de la oposición en la que yo he participado se enmarcan en un aumento de la redistribución de los ingresos municipales desde las comunas de mayores ingresos al resto, más un aporte permanente del Estado al fondo común municipal. Sin embargo estimo, junto a otros, que llegó el momento de un cambio estructural en el financiamiento municipal que pasa por la generación de un fondo municipal único donde converjan los ingresos de los 345 municipios del país, más un aporte sustantivo del Estado, y ese monto final distribuirlo en cada municipio por persona.

Lo anterior conduciría a que todos los chilenos en todo el territorio tengan un financiamiento similar de Arica a Punta Arenas. De lo anterior se desprende que el vecino de Las Condes, como quien suscribe, tenga la misma asignación per cápita que un vecino de Puente Alto.

Si la dirección política del país, encabezada por el Gobierno, no asume, aquí y ahora, los desafíos de la agenda social mencionada podría ocurrir que en marzo la ciudadanía aprecie un divorcio entre una agenda político-institucional que avanza y una agenda social que se estanca, generando las condiciones, si así ocurriera, para un nuevo estallido social que —en mi opinión— no les conviene ni a los chilenos ni al país. La lección aprendida el 18 de octubre es que la abrumadora mayoría de los chilenos quiere una sociedad más justa que enfrente y supere las desigualdades y los abusos, y la rabia acumulada es cuando no hay respuesta a esas demandas justas.