La crisis actual llevará a un incremento importante del gasto social. Mejores pensiones, ingresos mínimos garantizados y atenciones más rápidas y mejores en salud son algunas de las áreas donde el fisco terminará gastando bastante más que en la actualidad. Algunos argumentan que no será necesario subir la carga tributaria; otros, que no es el momento de hablar de este tema. Por el contrario, a continuación, argumento por qué creo que es importante hablar de impuestos ahora.

Un incremento permanente del gasto fiscal debe financiarse recaudando más impuestos y reasignando gasto existente a los nuevos programas. Las reasignaciones son deseables, pero difíciles de llevar a cabo, porque afectan a grupos de interés poderosos, de modo que la mayor parte de los incrementos de gasto permanentes deberán financiarse con mayores impuestos.

Lo anterior no contradice que en un primer momento la deuda suba de manera importante ni que se estabilice en un nivel significativamente más alto que el actual. Se puede (y debe) financiar con deuda los gastos fiscales adicionales que son de una sola vez (v.g., condonación de deudas diversas con el Estado). Y es deseable usar deuda para financiar la transición hacia los niveles de gasto más altos, de modo que la carga tributaria suba a una velocidad adecuada. Pero esto es muy distinto a afirmar que no es necesario subir los impuestos.

Existen dos explicaciones posibles de por qué el Gobierno no quiere hablar de más impuestos hoy. La primera es que crea que los aumentos de gastos permanentes terminarán siendo relativamente pequeños, de modo que no será necesario aumentar la carga tributaria. La segunda es que piense que discutir más impuestos ahora dificultará la recuperación del bajón económico en que estamos, porque desincentiva la inversión.

De ser cierta, la primera explicación es preocupante. Sin un incremento importante y permanente del gasto fiscal, de varios puntos del producto, será muy difícil dar una respuesta virtuosa al malestar existente. Más aun, es clave que los mayores niveles de gasto sean el corolario de un programa de protección social ambicioso, comprensivo y bien delineado. La segunda explicación subestima la inteligencia de empresarios e inversionistas. Estos tienen claro que deberán pagar más impuestos, y más vale ir despejando la incertidumbre sobre cuáles serán los cambios tributarios y a partir de cuándo.

Esta semana Hacienda presentó la revisión de sus proyecciones en materia fiscal, a la luz del nuevo escenario económico y social. Estas consideran un incremento del 9 por ciento del gasto fiscal el 2020, seguido de incrementos del 1 por ciento anual los cuatro años siguientes. La deuda pública sube del 28 al 39 por ciento entre 2019 y 2024.

Las proyecciones anteriores no son creíbles. Que el gasto fiscal suba solo un 1 por ciento anual a partir de 2021 es algo que no ha sucedido en décadas, y es altamente improbable que suceda ahora. El Consejo Fiscal Autónomo, una instancia técnica con una mayoría de miembros cercanos al Gobierno, publicó un informe el viernes de esta semana, donde llega a conclusiones similares aunque de manera más diplomática. Para expresar dudas respecto de si la trayectoria de ingresos y gastos planteada por Hacienda llevará a niveles estables de deuda, este informe afirma que “la nueva proyección de deuda no muestra una total estabilización en el horizonte de proyección, como sí ocurría en la situación previa a la crisis”. El informe también nota la importancia de que gastos transitorios no se transformen en permanentes (lo sucedido en Chile luego de la crisis subprime ilustra que este es un riesgo mayor) y la necesidad de revisar las estimaciones de recaudación del proyecto tributario del Gobierno a la luz del nuevo escenario económico.

Probablemente, el principal argumento para hablar de mayores impuestos ahora es que los bajos impuestos que pagan los sectores de altos ingresos explican, en parte, el sentimiento de abuso e impunidad generalizado que quedó de manifiesto con el estallido social. El impuesto a la renta promedio que paga el uno por ciento más rico, cuando se consideran los ingresos de las empresas y sociedades de las cuales son dueños, es del 15 por ciento (Fairfield y Jorrat, Review of Income and Wealth, 2015). Los datos son antiguos, de 2005 y 2009, pero son los únicos años donde existe información disponible. La agenda antiabusos que anunció el Gobierno esta semana propone varias reformas para hacerse cargo de la sensación generalizada de que la élite no juega con las mismas reglas que el resto. Estas medidas incluyen aumentar las sanciones penales y multas por delitos tributarios, y debieran complementarse con una mayor carga tributaria para los sectores de altos ingresos.