No me referiré en estas líneas a la Agenda Anti Abusos que propuso el Presidente Piñera, sino a los abusos del Estado. Como las generalizaciones son siempre odiosas e injustas con quienes efectúan su labor honesta y oportunamente, preciso que aludo a quienes, teniendo una posición de poder, creen que por ese solo hecho están ungidos de una superioridad indiscutible que los faculta a desconocer la institucionalidad. Si verdaderamente creemos en las libertades individuales y que es deber de los órganos del Estado respetarlas y promoverlas, es crucial que ellos sometan su acción a la Constitución y la ley y no se atribuyan, bajo pretexto alguno, otras facultades que las que se les confieren. El estado de derecho, término que por estos días parece sepultado, significa que todos, incluidos aquellos en quienes hemos confiado el ejercicio del poder, nos sujetamos a ciertas reglas. De lo contrario, es un caos “regido” por la ley del más fuerte o de las mayorías circunstanciales o de lo políticamente correcto. Esas “leyes”, que deben ser ajenas a nuestra República democrática, han sido, sin embargo, invitadas a la mesa en el último tiempo o, si se “colaron”, han sido toleradas por varios anfitriones en el Estado, lo que es un abuso.

Cuando la Cámara de Diputados se salta las reglas sobre iniciativa exclusiva del Presidente de la República en los proyectos de Ingreso Mínimo Garantizado y aumento del Pilar Solidario rompe con el estado de derecho y abusa. Cuando el Congreso se toma todo el tiempo del mundo para tramitar proyectos de ley urgentes y esperados por la ciudadanía para resguardar el orden público, ocupando parte de la oposición contextualiza la violencia para explicar lo inexplicable (que una toma no es un acto violento), comete un abuso al desatender el bien común y atender, en vez, el propio, el de sus bases o partidos. Tal vez usted pueda pensar que saltarse la Constitución y la ley, de vez en cuando, sirve para defender causas justas. Permítame preguntarle: ¿Quién decide lo que es noble en un momento determinado? ¿Los de la vereda de lo políticamente correcto o que creen que todo es insuficiente? ¿Se lo ha preguntado? Porque el día de mañana, si no se defiende el estado de derecho y la democracia, en esas aceras puede haber quienes, con mayorías o fuerza suficiente, consideren “noble” que desaparezca la educación particular subvencionada, a la que más de la mitad de las familias de Chile recurre con la esperanza de que sus hijos reciban una mejor educación; o que es justo que nos expropien los fondos de pensiones ¡para financiar entidades públicas anti-abuso!; o que la libre empresa no tiene cabida en la sociedad. ¿Se fija el peligro de validar que el fin justifique los medios?

Cuando funcionarios de distintas reparticiones públicas le piden más antecedentes que los que indica la ley; cuando paralizan servicios; cuando le retienen una respuesta por meses o no fundan sus resoluciones o entorpecen la emisión de documentos que solo ellos pueden emitir, cometen un abuso al no respetar principios expresamente consagrados en el derecho administrativo. Pero si usted habla de esto en el Congreso, de la certeza jurídica, la traducción simultánea e instantánea que buena parte de la oposición hace es que usted busca debilitar al fiscalizador. En realidad, se busca debilitar a quienes mal utilizan sus cargos, pero lamentablemente son esas personas las que van a defender sus privilegios al Congreso y la oposición les “compra”. Y a usted, elector, ¿quién lo defiende? ¿No se supone que eran sus parlamentarios? Finalmente, cuando lo único relevante para la política es recaudar más y más impuestos —para financiar necesidades que son reales—, pero luego no se ocupa de hacer un control efectivo del gasto para que el Estado provea bienes públicos de calidad, comete un abuso. Primero, porque nos hace creer que con la mera mayor recaudación se solucionarán los problemas, cuestión que sabemos no es tal, pues sin crecimiento simplemente no habrá base para recaudar y porque si el gasto se despilfarra en burocracia, como suele ocurrir, los perjudicados serán los más vulnerables.

La función pública es un honor, pero también una gran responsabilidad. Está para servir a los ciudadanos, al bien común, como dispone la castigada Constitución actual. ¿Por qué no pensar en sanciones, multas o penas efectivas para quienes, en el ejercicio de la función pública, abusan de ella? Tal vez porque varios tendrían que aprobar leyes en perjuicio de su propio interés o porque simplemente no existe el coraje para enfrentar a quienes lo hacen.