Después de los sorpresivos y coordinados ataques terroristas a la red del metro del 18 de octubre pasado y de los actos vandálicos y de violencia que le siguieron, poco se sabe todavía sobre quienes estuvieron detrás de estos atentados múltiples, en especial del ataque al metro. En cambio, sí han aparecido numerosos diagnósticos sobre las posibles causas del estallido social que le siguió. Algunos más osados afirman que lo habían visto venir. En mi columna anterior discutí las diferentes hipótesis sobre las razones tras el estallido social.

En esta me enfocaré en los efectos de estos shocks en la economía, en las respuestas de política que ha dado lugar y a lo que queda pendiente para comenzar a dejar esta crisis atrás. Como ya lo indican el Imacec de octubre, algunas cifras parciales de noviembre y con gran claridad el reciente IPoM del Banco Central, el costo económico de esta crisis va a ser considerable en términos de pérdidas de producto y de empleos, de deterioro de la solvencia de las empresas, y, en último término, de una importante pérdida de bienestar de la población. Lo más probable es que estos efectos negativos persistan, por lo menos, hasta avanzado el año 2020. La mayor incertidumbre, incluyendo la constitucional, van a terminar afectando principalmente a la inversión y también el crecimiento tendencial o de largo plazo.

La respuesta de política a este estallido pasa, antes que nada, por un acuerdo político de las fuerzas democráticas que apoye el orden institucional y que contribuya a restablecer el orden público, para que el país pueda comenzar a normalizarse, se detenga el deterioro económico y se pueda avanzar en una agenda social que comience a hacerse cargo de las demandas de la población. Restablecer el orden público es fundamental también para poder avanzar con el cronograma de la reforma constitucional. Para esto es urgente aprobar una agenda de seguridad que contemple el reforzamiento de las instituciones encargadas de velar por el orden público, el fortalecimiento de las leyes antisaqueo y antibarricadas, invertir en inteligencia y reformar, capacitar y empoderar a Carabineros para que puedan acometer su trabajo de controlar el orden público en forma más eficiente.

Se requiere además la colaboración de todas las fuerzas políticas democráticas para consensuar, con cierta urgencia, una agenda social que se haga cargo, en forma fiscalmente sostenible, de las demandas sociales sin hipotecar el crecimiento futuro. La agenda corta, acordada por el Gobierno con un grupo de senadores, incluye un acuerdo tributario y mejoras al Pilar Solidario. Estas materias están siendo abordadas en sus respectivos proyectos de ley. La ley que mejora el Pilar Solidario ya fue aprobada en el Congreso y la reforma tributaria está por iniciar su tramitación.

La agenda social va más allá del Pilar Solidario e incluye también: (1) una rebaja del 50% en el costo de transporte del adulto mayor; (2) un aumento del 11% del aporte per cápita para la atención primaria de salud; (3) una reforma al funcionamiento del Fondo Común Municipal; (4) un seguro de enfermedades catastróficas y otro de medicamentos; (5) un mecanismo de estabilización de tarifas eléctricas; (6) un acuerdo y legislación para bajar los costos de los medicamentos, y, muy importante, (7) la creación de un ingreso mínimo universal garantizado de 301.000 pesos líquidos para trabajadores jornada completa. La buena noticia es que varios elementos de esta agenda ya han sido aprobados o están avanzando en el Congreso.

La segunda reforma importante será la tributaria y le seguirá la de pensiones. La reforma de pensiones incluirá un aumento en la cotización, con cargo al empleador. Una parte del monto adicional irá a las cuentas de capitalización individual y otra irá a un componente solidario. Una vez aprobada la reforma de pensiones se contempla aumentar por dos años las pensiones contributivas de la clase media a través de un subsidio del Estado. Otra importante reforma pendiente es la de la salud, que tiene que crear mecanismos para mejorar seriamente la gestión y la calidad del servicio, y aumentar la solidaridad del sistema.

El costo fiscal de la agenda social bajo discusión es del orden de los US$ 1.500 millones anuales, el gasto público aumentará también para hacerse cargo de la reconstrucción de la infraestructura, destruida por los actos vandálicos, y para apoyar un programa fiscal contracíclico para paliar parte de los efectos de la contracción económica causada por la crisis. Para este propósito, el Ejecutivo ha anunciado un programa de US$ 5.500 millones, con US$ 3.025 millones de mayor gasto público, el cual sería transitorio. Sumando y restando, se estima que el gasto público crecería un 9,8% real el año 2020, la tasa de crecimiento más alta desde el año 2009.

El aumento transitorio de gasto, unido al costo permanente de la agenda social, van a estresar las cuentas fiscales, con un déficit que alcanzaría un 4,4% del PIB el año 2020 y una razón deuda del Gobierno a PIB, que pasaría de un 27% el año 2019 a un 31,4% el año 2020 y se estabilizaría, con las políticas actuales, en torno al 38% a fines del 2024.

Este deterioro de las cuentas fiscales y las necesidades de enfrentar más adelante otras demandas sociales en educación —temprana, básica y media—, salud, vivienda, seguridad y otros, van a requerir de ajustes de gasto —la eliminación de programas mal evaluados por la Dipres y otros—, y de medidas tributarias para aumentar los ingresos permanentes del Estado. Pero esta es una tarea que debe abordarse más adelante, una vez que la crisis vaya quedando atrás y la economía regrese a una senda de crecimiento.

De su parte, para reducir la volatilidad del tipo de cambio y así acotar sus efectos en la economía financiera y real, el Banco Central decidió llevar a cabo operaciones de liquidez e intervenir el mercado cambiario con ventas de dólares físicos y derivados.

Estas acciones son respuestas apropiadas del Gobierno, del sistema político y del Banco Central para facilitar la navegación en el medio de una gran tormenta. Pero nada de esto será suficiente sin una acción decidida del Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial para trabajar en forma coordinada en acciones que permitan controlar la violencia y así evitar que la economía prolongue su deterioro. Se requiere, además, que tanto el Ejecutivo como el Legislativo negocien acuerdos para avanzar con premura en la agenda social y constitucional, y en las reformas tributaria, de pensiones y de la salud. En estas reformas y en las futuras es fundamental evitar soluciones populistas que terminen afectando negativamente el crecimiento de largo plazo y el bienestar de todos los chilenos, especialmente de los grupos más necesitados de la población.