Desde un tiempo he venido insistiendo en “la fragilidad de nuestra democracia”; en la pérdida de los consensos fundamentales; en la legitimación de la violencia para resolver las diferencias, y la complicidad con ella de actores supuestamente democráticos; en la gradual erosión del prestigio de todas las instituciones del país por razones objetivas, pero también en virtud del asedio deliberado en contra de ellas; en la precariedad de un Estado de derecho incapaz de hacer valer la ley en La Araucanía o en el Instituto Nacional; en el menoscabo de valores como la tolerancia, el pluralismo y la legitimidad de los acuerdos, y en la ausencia de un grado mínimo de amistad cívica para que los adversarios no sean enemigos a ser destruidos.

Además añadía que, imperceptiblemente, la urgencia de superar la pobreza fue gradualmente sepultada bajo el imperativo avasallador de imponer la igualdad. Pobreza e igualdad son problemas que pueden estar relacionados, pero que requieren políticas distintas para enfrentarlos: uno depende del crecimiento y la focalización, y el otro, de distribución y derechos universales garantizados. Nos emborrachamos con el éxito indudable de haber bajado la pobreza de más del 40% al 8%, pero eso obnubiló la realidad de cerca de dos millones de chilenos, jóvenes, jubilados y desempleados, viviendo bajo la línea de la pobreza; de más de 500 mil jóvenes sin educación completa, paridos y criados por mujeres solas, muchas veces avasallados por la droga y el alcohol, y de una clase media precaria y vulnerable. Finalmente, la promesa, solo parcialmente cumplida, de la meritocracia como eje rector de una economía de mercado, y la rabia que provocan los beneficios que no son el resultado de mercados competitivos, sino de privilegios, corrupción y malas prácticas empresariales o políticas.

Pues bien, hoy nadie duda de que nuestra democracia está en estado crítico y ello suscita muchas preguntas. ¿Estamos realmente frente a un estallido social espontáneo? ¿Se trata, como afirman casi todos, de solo lumpen, delincuentes, vándalos, barras bravas y narcos, sin ningún plan concertado, salvo destruir el sistema? ¿O bien les creemos a los dirigentes comunistas que afirman que no hay nada espontáneo en los actos terroristas al metro, en las manifestaciones, devastación de ciudades, ataques incendiarios, saqueos, destrucción, pues se trata de una insurrección organizada, dirigida por la Mesa de Unidad Nacional, para derrocar el gobierno legítimamente elegido e instaurar un régimen como en Venezuela o Cuba? En el contexto en que vivimos, ¿es posible seguir justificando y ennobleciendo la protesta social indiscriminada, que ha obstaculizado la vida cotidiana de esa mayoría de chilenos que hoy se siente huérfana, desprotegida y sin un liderazgo que la represente? ¿Existe el derecho a manifestarse en forma reiterada, por tiempos prolongados, cuando ello lleva a la pérdida de cientos de miles de empleos, paraliza la inversión, y pone en jaque a la economía?

¿Llevarán las políticas sociales realmente a la paz social o las demandas son insaciables, porque persiguen objetivos más radicales que la mera y necesaria satisfacción de necesidades? ¿Cómo resistirá el país un deterioro mayor de la economía y del empleo?

Finalmente, todos reclamamos el orden público, pero enfrentar la violencia con fuerza tiene costos. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio impredecible de mayor represión? ¿O bien la dilación en restablecer el orden público tendrá consecuencias aún más onerosas? ¿Estamos, como me dijo alguien, tratando una enfermedad grave con mera homeopatía? Más que todo, ¿qué consecuencias para nuestro futuro cívico va a tener la constatación de que la violencia se ha demostrado como un método muy eficaz para lograr ciertos objetivos?