En el marco de la movilización de millones de chilenos y chilenas para lograr un cambio político y social que termine o a lo menos disminuya con las desigualdades y los abusos, se han firmado hasta la fecha dos pactos entre gobierno, derecha y la mayoría de la oposición.

El primer pacto ocurrido hace 10 días es el pacto político institucional por una nueva Constitución y el segundo pacto logrado hace tres días es sobre parte de la agenda social. Con respecto al primero, se ha iniciado un debate sobre el corazón de ese acuerdo que dice relación con la necesidad de 2/3 para poder avanzar en las disposiciones de una nueva Constitución.

En la derecha se visualizan dos perspectivas para esa disposición; una que está en el espíritu y letra del acuerdo, que consiste en que si no se logra acuerdo en disposiciones fundamentales, esto sale del marco constitucional y se va a ley a discutir en el Parlamento. La otra perspectiva es votar el acuerdo final por el quorum mencionado y que se puede constituir en el hecho en el atrincheramiento de la derecha más dura y fáctica con el objeto de impedir cualquier cambio constitucional y reivindicar la permanencia, en sus aspectos fundamentales, de la Constitución de Pinochet y Jaime Guzmán.

En los opositores firmantes esta segunda perspectiva detona una alerta que puede ser el preámbulo para que se caiga el acuerdo. Desde mi perspectiva, esta posición de la derecha más dura no es negociable y prefiero que se caiga el acuerdo ante el chantaje de esta derecha por mantener incólume los principios fundamentales de la Constitución del 80. De aceptar esto último, millones de chilenos serían defraudados una vez más por la dirigencia política del país y después nadie podría reclamar ante la frustración de millones por la trampa mencionada.

En la materia anterior, es decir, el pacto político institucional, estimo que no fue una “cocina” sino profundamente democrático, considerando que los partidos que firmaron el acuerdo representan aproximadamente el 85% de los ciudadanos que se levantaron a votar hace dos años para elegir a sus diputados y diputadas. Los partidos no firmantes por deducción alcanzaron en esa elección casi el 15% del electorado. Dada la representatividad mencionada, convertir el acuerdo por lo irreductible de una parte de la derecha constituiría una trampa impresentable.

Con respecto al acuerdo social parcial en materia de pensiones alcanzado hace 48 horas, también tengo una prevención. Considerando que el reajuste de pensiones se ha constituido en la prioridad de las prioridades de la demanda ciudadana, me parece que dicho acuerdo es parcial e insuficiente. Para responder efectivamente a esa demanda se requiere aquí y ahora los siguientes 4 puntos. Primero: reajustar en un 50% la pensión básica solidaria a partir del 1 de enero del 2020, lo que significa pasar de una pensión de $110.00 a una de $165.000.

Lo anterior implica que, a partir de esa decisión, ningún pensionado en Chile obtenga una pensión inferior a la línea de la pobreza. Segundo: reajustar el aporte previsional solidario a partir del 1 de enero del 2020 en un 25% para que el marco de este segmento quede en un piso de $165.000 y en un techo de $390.000. Tercero: ampliar la cobertura del Pilar Solidario del 60% al 80% más pobre, lo que implica cubrir con este pilar a más de 600.000 nuevos pensionados. Y en cuarto lugar, reajustar las pensiones a partir del 1 de enero del 2020 de los pensionados que no cubre el Pilar Solidario en un 20%, utilizando para esta última medida el punto adicional del aporte del empleador de a lo menos un 1% con la lógica de reparto o solidaridad que representa dicho número.

Financiar los tres primeros aspectos tiene un costo fiscal anual de US$ 2.000 millones y no existe razón política alguna para parcializarlo y gradualizarlo considerando que el acuerdo tributario firmado por el gobierno y la oposición equivale a lo que se va a recaudar en dicho acuerdo.

Para los nuevos gastos fiscales derivados del resto del pacto social, el ministro de Hacienda puede recurrir a lo menos a las siguientes consideraciones: eliminar la exención a las ganancias de capital que de acuerdo al economista Claudio Agostini implican una recaudación de US$ 900 millones; eliminación de la renta presunta que de acuerdo a Repetto y Agostini implican una recaudación de US$ 300 millones; eliminación del subsidio al impuesto específico al diésel que implica centenares de millones de dólares de recaudación fiscal. Esto último requiere, al igual que la renta presunta, decisión política y “pantalones”.

En el largo plazo, para financiar esta agenda social, que sin duda contiene otros aspectos, implica necesariamente subir la carga tributaria sobre el producto del actual 21% a lo menos al 25% del producto. Esta última cifra son 9 puntos menos que el promedio europeo de presión tributaria sobre el producto, que alcanza hoy al 34%.

Resumo: con respecto al pacto político institucional, no ceder ante la perspectiva de la derecha radicalizada que pretende atrincherarse para no modificar nada manteniendo la Constitución de Pinochet y Jaime Guzmán, y con respecto al pacto social parcial, que triunfe la lógica política sobre la lógica economicista de la Dirección de Presupuestos y del Ministerio de Hacienda.