El general de Carabineros Enrique Bassaletti realizó ayer un punto de prensa para justificar el actuar de la policía uniformada. En la ocasión dijo: “Voy a hacer una analogía, que no sé si es tan feliz, pero la voy a hacer igual” y acto seguido señaló que cuando se busca solucionar un cáncer, “en el ejercicio del uso de esas herramientas médicas, se matan células buenas y células malas”.

Pues bien, la analogía no solo no fue feliz. Fue funesta. Más bien fue el corolario de una actuación paupérrima de Carabineros desde el inicio del conflicto.

A la ausencia total de inteligencia, se ha sumado una completa incapacidad de contener desmanes y variados atropellos a los derechos humanos, que claramente van más allá de excesos puntuales. Y donde todo el episodio de los perdigones pasa a ser el emblema de aquello.

Es cierto que en el mundo transparente, que implica la existencia de 18 millones de celulares y sus respectivas cámaras y aplicaciones, imponer el orden mediante la fuerza se hace cada vez más difícil. Es cierto también que hay veces que sectores más radicales exacerban el discurso de que están atropellando sus derechos humanos, cuando no siempre es efectivo. Pero lo que es más cierto de todo es que el actuar de Carabineros ha sido impropio e ineficiente.

No hay procedimientos adecuados para las manifestaciones pacíficas. Ni hay control de los actos vandálicos. La imagen de cuarteles siendo atacados por turbas o de radiopatrullas agarrados a adoquinazos termina siendo el corolario de que algo no está funcionando.

El Estado moderno y la policía van de la mano. Es la policía la institución más esencial para darles seguridad a las personas: para que puedan caminar por las calles, para que puedan vender en sus negocios, para que puedan descansar en sus casas. Tomás Hobbes caracterizaba la situación de paz que opera gracias a la policía en el abandono de la condición natural del ser humano, donde “el hombre es un lobo para el hombre” (homo homini lupus).

Pero pasear por las calles de Chile es pasear por un país donde los lobos andan sueltos. Farmacias a las cuales hay que entrar entre latones y bancos tapiados. Zonas del centro de Santiago, Valparaíso o Concepción que parecen sacadas de un país en guerra. Incendios de tiendas, hospitales, autos y buses. Saqueos, piedras, mobiliario roto y vandalismo por doquier.

Y el orden, tras cinco semanas, no logra llegar.

Hace ya varios años habíamos empezado a ver la descomposición de Carabineros, donde tres hechos graves habían encendido las alarmas: los $28 mil millones del “pacogate”, la “Operación Huracán” y el caso Catrillanca.

Pero lo de ahora es infinitamente peor. Porque afecta a todo Chile.

Es muy necesario, pasada la urgencia, crear una comisión integrada por civiles y extranjeros que establezca una nueva institucionalidad en Carabineros. Ello no se debe agotar solo en el manejo de las platas, sino que también en la institucionalidad para organizar el combate al delito y el establecimiento de protocolos adecuados.

Pero por ahora no hay tiempo. Se necesita retomar el control del orden público.

Y para ello se hace necesario, aunque sea incómodo plantearlo, volver a legitimar el uso de la fuerza proporcional frente a los actos vandálicos. Y esa fuerza proporcional va desde las lumas a las pistolas. No para los manifestantes pacíficos. Para el lumpen. Para los lobos.

La propia (y hoy controversial) Amnistía Internacional establece, en su documento “El uso de la fuerza” que cuando el empleo lícito de la fuerza y de las armas de fuego sea inevitable, “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley la ejercerán con moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga”.

Pero mientras no nos pongamos de acuerdo como sociedad cuándo puede usar la fuerza Carabineros (¿puede disparar frente a una turba que ataca un cuartel o puede usar la fuerza frente a una turba que se apronta a quemar un hospital o saquear un supermercado?), seguiremos a merced de los lobos. De los delincuentes. De los narcotraficantes. Del lumpen.

Ese acuerdo existe en todas las sociedades, de derechas y de izquierdas, desde las primeras expresiones de autoridad en la historia. Y en Chile se debe ejercer. No para solucionar el problema social, sino que para permitir que el problema social sea solucionado entre los chilenos.

Sin orden público no hay democracia posible y se corre el riesgo —en el extremo— de caer en la anarquía (cuyo ejemplo hoy es Libia) o en el extremismo de derecha donde se ofrece orden a cualquier costo (cuyo ejemplo hoy es Filipinas).

Chile debe estar lo más lejos posible de ahí.