El 11 de noviembre pasado, unos 700 académicos extranjeros y chilenos enviaron una carta al secretario general de las Naciones Unidas y a la alta comisionada de Derechos Humanos solicitando que las instituciones del Estado chileno detuvieran la “política de violencia de los derechos humanos” aplicada al pueblo del país, que se manifestaba en calles y ciudades reclamando legítimamente mejores condiciones de vida.

Se encargan de señalar que las policías —así, en plural— han cometido “múltiples, variadas y sistemáticas formas de violencia”, apuntando la cantidad —obtenida del Instituto de Derechos Humanos— de personas muertas, detenidas, heridas, con mutilaciones en la vista, agregando que han existido torturas, tratos crueles, violencia sexual y acciones judiciales contra carabineros. Estos habrían hecho uso de disparos de bala, perdigones y “otras armas”.

No cuestiono la preocupación por los derechos humanos, tampoco las cifras que se señalan, sino quiero relevar que la denuncia en esta versión no explica verdaderamente la realidad de lo ocurrido, algo grave en académicos e intelectuales como se reconocen. Quien lee la carta pensará que en Chile se dieron órdenes para atacar a manifestantes que se expresaban pacíficamente.

En esos 23 días de represión, que anotan, no habría pasado nada grave que justificara la presencia de fuerzas especiales. No hubo incendios coordinados de estaciones de metro, saqueos a supermercados, a tiendas grandes y pequeñas; no hubo ataque con molotov a policías, quemando a efectivos; no hubo carabineros heridos que debieron ser hospitalizados, tampoco quema de comisarías, de reparticiones gubernamentales, de edificios patrimoniales e iglesias, incluida su profanación; no destrozaron monumentos nacionales. Todos delitos, actos de violencia y por añadidura atentando contra derechos de millones de personas.

¿Por qué no se contextualizó el problema que se denuncia? ¿Los extranjeros firmantes —acto que se ejecutó con velocidad de rayo— supieron toda la verdad antes de hacerlo? Quienes escribieron la misiva, chilenos por cierto, algunos de los 207 “intelectuales y académicos” (en rigor son menos, se repiten nombres), ¿por qué no fueron rigurosos y faltaron a la verdad o expusieron parte de la verdad? ¿Quién o quiénes, para ellos, ordenaron implementar esa política de violación de derechos…? Pueden elaborarse algunas hipótesis, pero sería largo enunciarlas.

Álvaro Góngora
Decano Universidad Finis Terrae