Parece un hecho, tendremos nueva Constitución. La duda es el proceso para redactarla: ¿asamblea constitucional o convención mixta? Cualquiera de las alternativas puede ser exitosa, o no, y esto hace surgir dudas e incertidumbre. Tomemos lecciones de procesos recientes de la región.

Pienso que Venezuela, con dos procesos constituyentes en los últimos 20 años, ya no es ejemplo para nadie. Pero sí lo puede ser Bolivia, que redactó una Constitución cuyo objetivo principal fue fundar un Estado plurinacional y garantizar los derechos indígenas. La asamblea “originaria” —sin poder superior— cambió el quorum de 2/3 por simple mayoría, lo que permitió que el MAS aprobara un texto a su medida, lo que le facilitó a Morales gobernar cómodamente hasta esta reciente crisis electoral.

Casos como el de Colombia y Brasil no se parecen al chileno, pero son dignos de observar.

El proceso constituyente colombiano, que culminó en 1991, se inició a mediados de los años setenta, en medio del desprestigio de las élites políticas, pero adquirió el impulso definitivo en un clima de violencia, con insurgencia marxista, paramilitares y narcotraficantes. Presiones estudiantiles y de la guerrilla del M19, recién desmovilizada, apuraron la decisión de redactar una nueva Carta que incluyera derechos económicos y sociales, de acuerdo a las teorías constitucionalistas en boga, pero, además, una norma que prohibiera la extradición de nacionales, impuesta por los carteles que luchaban para evitar ser enviados a Estados Unidos.

Las presiones de elementos como estos “extraditables” liderados por Pablo Escobar, que llegaron a asesinar a un candidato presidencial, muestran el riesgo de grupos que buscan imponerse por la fuerza. En 1997 se eliminó esta prohibición, y con los años el texto original ha tenido otras tantas reformas, incluida la que incorpora los tratados de paz con las FARC.

Esa flexibilidad para hacer reformas también la tiene la Constitución brasileña de 1988, que nació en un contexto muy distinto al colombiano y al chileno actual. Fue durante la transición democrática, y cuando los movimientos sociales estaban en pleno auge, a pesar de que todavía el sistema político estaba bajo “tutela” militar. Si bien la composición de la asamblea tenía un bloque de mayoría conservadora, centrão, el polo “progresista” tuvo la habilidad de colocarse en los puestos clave, como relatorías y subcomisiones, de manera que manejaron la agenda constitucional, lo que les permitió incluir sus prioridades y acordar decisiones por consenso. El resultado fue una “Constitución ciudadana” que incorporaba una infinidad de derechos sociales, con detalles como el número de horas de trabajo o el pago de horas extraordinarias. Algunos puntos clave debieron ser reformados, como el de las pensiones —resultado de la presión del Movimiento de Jubilados—, principal causa del gigantesco déficit fiscal. Tras décadas de intentos fallidos, la reforma fue recién aprobada.

Tanto la colombiana como la brasileña son ejemplos de constituciones inclusivas y garantistas, pero que han necesitado enormes esfuerzos para adaptarlas a la realidad.