Humo blanco. Ayer en la madrugada todo el espectro político, salvo el PC (lo que a estas alturas ya no es novedad), alcanzó un acuerdo por la paz y por la nueva Constitución. En el escenario en el que nos encontramos, que la política haya dado muestras de esfuerzo incesante por deliberar y acordar es valioso.

Ahora bien, es curioso el devenir de todo esto. Hace cuatro semanas la prioridad número uno era la agenda social. Recordemos que lo que explicaba el “estallido social”, nos decían los intérpretes que rápidamente dieron con el diagnóstico definitivo, era la desigualdad imperante en nuestra sociedad. Para reforzar ese diagnóstico, vociferaban frases del tipo “Chile es el país más desigual de América Latina”, que derechamente son falsas. Amparados entonces en esa definición, que varios se apresuraron en validar (sin reflexionar sobre lo mucho que nuestro país ha avanzado en la materia gracias a la solidez de nuestras instituciones), no solo se presentó una agenda social para abordar los desafíos que nadie niega que tenemos, sino que se efectuaron sendos cambios en el gabinete.

Pero ello no fue suficiente. Tal y como ocurrió hace algunos años, se instalaba en el ethos de las violentas protestas y en el discurso político de la oposición, a paso firme y veloz, que la desigualdad tenía una raíz más profunda y que no iba a poder combatirse con buenas políticas públicas con esta Constitución (la misma que, dicho sea de paso, permitió a la ex Concertación y a la derecha implementar las políticas públicas de las que hoy sentimos orgullo como país. Pero bueno, en eso nadie quiso reparar). En un escenario en que el telón de fondo era una violencia creciente y desatada, y en que la economía comenzaba a dar señales de asfixia, la preocupación por la desigualdad se desvanecía del discurso público. La agenda social pasó a quinto plano y, de un día para otro, comenzamos a hablar de los mecanismos para reemplazar la Constitución.

De ahí en adelante solo se habló de la Convención Constituyente y el acto refundacional. Ese era el objetivo final. Chile en tanto seguía ardiendo (para refundar, asumo, había que destruir lo existente) y la economía desplomándose en manos de la violencia y los destrozos. El Presidente anunció entonces una muy necesaria agenda de seguridad. Desde mi punto de vista era imperioso restablecer el orden público para volver a vivir sin temor, para dejar actuar a la democracia y para empezar a tirar para arriba la economía. Pero parece que yo vivo en otro mundo pues al día siguiente del anuncio del mandatario, los presidentes de partidos de la oposición, salvo la Democracia Cristiana, enviaron una carta a este mismo diario, diciendo que no respaldaban esa agenda. Concluían: “Los firmantes y partidos rechazamos tajantemente su agenda de seguridad”. Perplejidad fue lo menos que me causó esa misiva. Al mismo tiempo, ¡iban y venían las declaraciones antiviolencia de los mismos que firmaron la carta! Delirante. Es de esperar que el acuerdo por la paz de ayer, que solo tiene 1 de 12 numerales referidos al orden público, implique un vuelco en esa postura y que apoyen, sin demoras, la agenda de seguridad propuesta por el Gobierno.

Como decía, se clamaba por la paz —pero sin poner los votos en la seguridad— y porque la clase política estuviera a la altura y llegara a acuerdos. Entonces, mientras Chile ardía, se lograron sendos “acuerdos” en lo tributario, el presupuesto de la Nación y en pensiones. Lo cierto es que la oposición impuso sus términos y el Gobierno, debilitado, los aceptó. La impresión que quedaba era que el caos imperante servía al propósito. Se aplastaba preocupantemente a otro sector político —cuestión muy reñida con la forma en que entiendo la democracia— y, en horas, se sellaba lo que será la legislación permanente de Chile en temas estructurales, tal y como ocurrió con el mecanismo que nos llevaría a una nueva Constitución. Cómo se elaboraría la eventual nueva Carta Fundamental fue decidido en horas…¿y la agenda social? Veremos qué se acuerda. En tanto, muestra lento avance en el Congreso y con rechazos por buena parte de la oposición en la Cámara de Diputados al diseño del seguro de salud catastrófico y, recientemente, a que el Estado pueda endeudarse para financiar el gasto social, entre otros. ¿Habrá un giro en esta posición tras el ánimo de ayer? Esperemos que sí y que avancemos rápidamente en este tema, en orden público y en dar certezas a los agentes económicos, tan rápido como avanzó la “necesidad” de contar con una nueva Constitución.