El país vive momentos cruciales. Las negociaciones entre el oficialismo y la oposición se encuentran en desarrollo, al tiempo que se han alcanzado entendimientos en materia tributaria y en algunos proyectos sociales, así como en distintos aspectos del próximo presupuesto. Con todo, mientras sigan produciéndose escaladas de violencia, Chile no podría dar por superada la crisis que se iniciara con los ataques al metro el 18 de octubre.

Si bien en las últimas jornadas, y en forma claramente tardía, sectores del Partido Comunista y del Frente Amplio formularon una condena más explícita a la violencia, urge que existan pasos más profundos para terminar con el clima de inseguridad instalado. Es efectivo que, luego de la dramática jornada del martes, las acciones violentistas han reducido su intensidad y que incluso ayer, cuando muchos anticipaban la ocurrencia de graves incidentes en torno a la conmemoración del primer aniversario de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, el balance del día parecía algo menos negativo de lo esperado, aun cuando igualmente se registraban ataques a las policías y otros hechos preocupantes, particularmente en La Araucanía y el Biobío. Es probable que precisamente el avance de las conversaciones en materia constitucional haya sido un factor que haya incidido en aminorar la tensión, y que incluso la decisión del Gobierno de no haber declarado estado de excepción la noche del martes y en cambio formular un llamado a la construcción de acuerdos haya terminado descolocando a los violentistas. Con todo, dado el modo en que estos han venido desarrollando sus acciones, no puede descartarse la posibilidad de nuevas irrupciones como las que en estas semanas han venido destruyendo los bienes públicos y privados, limitando el ejercicio de derechos básicos, sembrando el miedo y alterando de modo brutal la vida cotidiana de los ciudadanos. Por lo mismo, más allá del valor que supone el logro de entendimientos en el plano político y social, urge la concreción del acuerdo por la paz al que convocó el Presidente de la República.

Un acuerdo de esas características debiera perseguir como objetivo aislar a todos quienes avalen o ejecuten acciones violentistas, entregando una señal clara de rechazo a esa vía como mecanismo de acción política. En la práctica ello supone ir mucho más allá de la mera condena verbal. Resulta fundamental que todos los actores democráticos reivindiquen de modo explícito la legitimidad del uso proporcional de la fuerza por parte del Estado frente a actos vandálicos o que pretendan subvertir el orden público. Se trata de un principio básico en cualquier sociedad civilizada y que garantiza que la policía contará con el debido respaldo al momento de enfrentar tales situaciones. Ciertamente, ello implica también el adecuado control de las actuaciones policiales y la sanción hacia quienes se aparten de los respectivos protocolos, pero no puede ocurrir que —como se vio repetidas veces en el curso de estos días— el mero hecho de ejercer sus tareas por parte de Carabineros sea observado con sospecha desde una parte del mundo político. Tampoco debiera aceptarse que —como ocurrió durante el estado de emergencia— diputados de la República se permitan increpar a miembros de las instituciones armadas por estar estos cumpliendo las funciones que les han sido asignadas por la autoridad competente. Menos cabría admitir que en adelante actores políticos se permitan apoyar explícitamente el incumplimiento de la ley como forma de protesta, o incluso llegar a cuestionar el mandato presidencial llamando a la renuncia de quien fue elegido democráticamente para dirigir el país.

Un acuerdo en torno a esos puntos es indispensable, más aún cuando el país podría aprontarse a iniciar un proceso constituyente que considere la realización de sucesivos actos electorales y la conformación de un órgano abocado exclusivamente a la redacción de una nueva Carta Fundamental. Si en definitiva ello se concreta, se trataría de un momento decisivo en la construcción de una institucionalidad renovada, cuyos resultados dependerían críticamente de las posibilidades de desarrollar una deliberación profunda y razonada. Obviamente, una situación de orden público como la vivida durante las últimas cuatro semanas tornaría aquello prácticamente imposible.