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Cartas
Viernes 15 de noviembre de 2019
Consulta municipal
Señor Director:
Joseline Sánchez y Juan Estaban Millalonco, de la Asociación Chilena de Municipalidades, critican la carta en que señalé que las municipalidades no tienen competencia para convocar a una consulta sobre la cuestión constitucional. Esgrimen razones jurídicas y políticas. Dicen que el Derecho faculta a los municipios para promover la participación sobre “problemas de carácter común entre diversas municipalidades”. Y la Constitución, agregan, “regula los aspectos esenciales de la administración comunal”. De aquí su competencia.
Esta es una interpretación desmesurada, pues la participación ciudadana debe ser funcional a las tareas municipales y no a cualquier problema, por importante que sea para la ciudadanía. Por esto la Constitución ordena que sea sobre materias “de competencia municipal”, y la Ley de Municipalidades agrega que debe servir para “la discusión y definición de las orientaciones que deben regir la administración comunal”. Parece obvio.
Si de la consulta resulta que se quiere o no cambiar la Constitución o, incluso, sus normas sobre municipalidades, ¿qué efecto institucional tendría esto en la administración municipal? ¿Qué decisión relevante para la comuna —ni qué decir para el país— podrían adoptar los municipios al respecto? Ninguna. Será otra demanda más de la “sociedad civil”, pero financiada con recursos públicos. Ya veremos cómo justifican ese gasto ante la Contraloría.
Esto nos lleva a la política. Si hace unos días el llamado a consulta sonaba confuso, hoy, cuando las autoridades que sí son competentes están por fin negociando una salida por la vía constitucional, suena peor. Si sus resultados son coincidentes con lo que se negocie, será un ejercicio ilegal e inútil. Si no lo son, tendrá el efecto de una barricada.
Lucas Sierra