“Ellos no están haciendo lo que al comienzo se pactó” cantaba Jorge González en el clásico “No necesitamos banderas”, de “Los Prisioneros”. La canción refleja en parte lo que hoy ocurre en el país (y eso que fue grabada en 1984), pero detengámonos sólo en esta frase: “Ellos no están haciendo lo que al comienzo se pactó”.

¿Cuál era el pacto cuando las sociedades anónimas deportivas llegaron al fútbol?

El primero era el orden: la administración de los clubes, de herencia amateur y a veces con tintes de mecenazgo, había hecho crisis en el arranque del siglo. Con poca cintura para moverse en los vaivenes de un mercado que reglaba sin contrapesos la vida del país, Colo Colo y la U entraron en quiebra: no tenían cómo pagarles a sus acreedores. Y ahí aparecieron las SADP, impolutas aún, para arreglar la casa.

El segundo era la transparencia: la ley que rige a las SADP, que nació en 2005 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, prometía “responsabilidad jurídica y financiera”, “ventajas para acceder a nuevos recursos, a través de la integración de nuevos socios y accionistas” y un “mayor control interno y externo”.

¿Fue así?

El “orden” llegó, aunque no es para tirar fuegos artificiales: ahí están los clubes manejados por empresarios del factoring, el poder fáctico que ejercen ciertos representantes y el problema eterno con las barras bravas.

¿Y la “transparencia”? Asomaron los socios y accionistas, con nombre y apellido, pero dentro de una lógica muy “chilena” que hace que los papeles de los clubes estén controlados por unas pocas manos fuertes y el free float (porcentaje de acciones de libre compra/venta; las que un hincha podría transar en la bolsa, digamos) sea insignificante. Tampoco el acceso a los “nuevos recursos” ha sido exactamente obra de la ley, no al menos en su porción más importante: de acuerdo al último Anuario Financiero del Fútbol Chileno (que es el primero, también) un 36% de los ingresos de la industria corresponden al flujo del Canal del Fútbol, una idea materializada por un dirigente símbolo de la vieja guardia, Reinaldo Sánchez, que bien podría haber abastecido a los mismos clubes bajo el antiguo régimen. Luego vienen los derechos comerciales (26%) y más atrás los traspasos (16%), el ticketing (15%) y otros (7%), todos recursos que también proveían las antiguas administraciones. ¿Y los resultados de la industria? Más bien desastrosos: según un estudio de MatixConsulting hecho para la ANFP, el 88% de los clubes tiene pérdidas. Es más: Azul Azul no entrega un mísero dividendo a sus accionistas desde 2014, y Blanco y Negro desde 2012.

¿Cuál es el negocio entonces?

De acuerdo al comunicado que entregó el martes la CMF, en el caso de ByN y específicamente de su expresidente Gabriel Ruiz-Tagle, el negocio parece que consiste en usar en beneficio propio —y no en el de la institución que tantas veces ha declarado respetar— información privilegiada. La multa de 7.500 UF (que era el doble, pero tuvo rebaja porque se acogió a un beneficio legal que incentiva la autodenuncia), la inhabilidad por cinco años de integrar directorios de cualquier sociedad anónima, y la remisión de todos los datos al Ministerio Público “considerando que hay hechos que pudieren revestir delito”, deberían marcar el final definitivo —al menos en el fútbol— de uno de los dirigentes emblema de la lógica de las SADP.

Ruiz-Tagle no cumplió con lo que al comienzo se pactó (Mosa tampoco, aunque su caso es distinto), pero al menos funcionó la “responsabilidad jurídica y financiera” y el “mayor control externo”. Que sea una alerta para todos.