Los últimos partidos del fútbol profesional chileno tuvieron lugar el sábado 19 de octubre, cuando Santiago ya ardía y se había decretado estado de emergencia: se jugó en La Serena, Talca y Santa Cruz.

Fue el último intento de “normalidad” de la ANFP antes de que las protestas se extendieran por todo el país y en Quilín tuvieran que rendirse a la evidencia: el domingo 20 se suspendió definitivamente la fecha completa de Primera y lo que quedaba de la de Primera B. Y no se volvió a jugar más.

Este martes, cuando Sebastián Moreno anunció la cancelación de la fecha que correspondía en régimen para esta semana (la 27ª de Primera y la penúltima de la B) su discurso fue contradictorio. Dijo que “la idea es retornar al fútbol, pero no a cualquier precio, no a cualquier costo” y al mismo tiempo afirmó que “la obligación es cerrar en diciembre el torneo, analizando cómo esté la realidad nacional”. Está bien que el presidente de la ANFP, públicamente, entregue una señal de estabilidad a mediano plazo, pero la “obligación” a la que se refiere no puede operar como tal.

Los campeonatos están suspendidos no solo porque no hay posibilidad alguna de que en Chile funcione hoy normalmente la industria del espectáculo en vivo, sino porque para la realización específica del espectáculo del fútbol —a diferencia de casi todos los otros— es imprescindible la fuerza pública. Y es incierto cuándo volverá estar disponible para estos fines. Eso, sin contar que la agenda global del país, incluso antes de que estallara todo, ya tenía bastante apretada la programación.

Que el Presidente Piñera haya decidido cancelar la APEC deja teóricamente espacio para que el fútbol use el fin de semana del 16-17 de noviembre (cuando estaba programada la cumbre), siempre y cuando Reinaldo Rueda convoque solo a jugadores del exterior para la fecha FIFA (Chile juega el 15 y el 19 de noviembre). Pero la suspensión de la COP25 no allana más el camino (había fixture en sus fechas) e incluso si se cayera la final de la Copa Libertadores (que libera el 23-24 de noviembre) la situación sigue exactamente donde mismo: se necesitan carabineros. ¿Podrá la autoridad garantizar que estén a disposición semana a semana?

Para decirlo más claro: ¿quién puede asegurar hoy responsablemente que las 6.500 personas —según el cálculo de la vocera Rubilar— que han saqueado e incendiado las ciudades van a ser desarticuladas en el corto plazo? Y aun si lo fueran, ¿no tiene la policía que permanecer en cierto estado de alerta ante las diarias manifestaciones pacíficas de la gente?

Sin fuerza pública, insisto, no es razonable que nadie vaya al estadio. Peor aún y paradójico: su sola presencia, en el lábil escenario actual, podría ser contraproducente. No hay cómo.

Una solución es programar los partidos a puertas cerradas, asunto que sin duda detonará alguno de los “costos” que Moreno quiere evitar, y que ya han sido advertidos por el propio presidente de Colo Colo cuando pidió mantener el sistema de semifinales y final de la Copa Chile tal como está, con partidos de ida y vuelta, por razones de borderó. Jugar sin público, en todo caso y aunque le pese a Mosa, no ha sido tan inusual en el último tiempo —al menos para los hinchas albos y azules— pero por otras razones, poco presentables.

Moreno debe tener un plan B —otra cosa es que por prudencia no quiera decirlo— que le dé sustento a la “obligación” de cerrar todo en diciembre.

Si no, nos vemos en enero. Si es que.