Desde el viernes pasado hemos vivido una explosión social como no recuerdo desde los años 80. El alza de pasajes de $30 hizo saltar una rabia contenida, que conlleva verdades y actos irracionales. Pero que nos debe hacer reflexionar y actuar.

En las últimas décadas vivimos una paz social que se sustentaba en el crecimiento, que nos permitió reducir drásticamente los niveles de pobreza y permitió el aumento del consumo de la vasta mayoría de la población. De alguna forma, esto ayudaba a descomprimir la presión social.

Nuestro crecimiento cayó, pero el nivel de desarrollo también nos permitió ver con claridad los problemas de nuestras instituciones, que una tras otra mostraron sus peores caras. Así, ya no era posible soslayar las grandes diferencias que indignan a miles de chilenos.

Es tiempo de escuchar. El mensaje es claro: el escenario no es el mismo de la semana pasada. La petición es que cambiemos el eje de nuestra discusión tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo.

Aislemos el vandalismo y acojamos las legítimas demandas de los chilenos. Necesitamos impulsar medidas de corto y mediano plazo. Las primeras son importantes para demostrar que hemos escuchado los problemas y que estamos comprometidos con los cambios. Las segundas deben ser tomadas con la cabeza fría y buscando construir un mejor pacto social en nuestro país.

En lo inmediato, es importante evacuar del Congreso las reformas tributaria y previsional. En la primera, creo que debiéramos centrarnos solo en los puntos que hacen una mejora a las pymes, a los cambios que, sin debilitar la lucha contra la evasión y elusión, facilitan el cumplimiento tributario. Será difícil explicar cualquier rebaja de impuestos a los que tenemos más. Hoy, lo más importante, si estamos preocupados del crecimiento, no es una rebaja de impuestos a las rentas del capital, sino ser capaces de salir bien de esta explosión social.

En lo previsional, creo que es fundamental terminar luego con la tramitación del proyecto y dar un aumento a las pensiones de los más necesitados. El proyecto ha sufrido cambios que debieran permitir, con generosidad de todos, salir del Congreso. Un incremento del ahorro para las pensiones futuras y un aumento de las actuales son importantes. No saquemos ventajas pequeñas de estas discusiones.

En el mediano plazo, tenemos un problema mayor: ¿quién debe estar detrás de estos cambios? El llamado natural es el Estado, pero este también requiere limpiarse de los casos de corrupción que hemos visto en estos años. Más transparencia, actuar más firme en los casos de mal uso de fondos y sumarios con sanciones que desincentiven las malas prácticas. Esto, a nivel central como en los municipios.

¿Quién debe pagar? No hay duda que quienes tenemos más, que hemos disfrutado de privilegios, no solo económicos, sino también en los servicios y bienes que da el Estado.

En este punto, es importante que los dueños del capital también escuchemos y estemos dispuestos a asumir que las rentas del capital deben hacer un aporte mayor, principal, para tener una sociedad más justa, y así mejorar y fortalecer nuestro pacto social.

Pero no son los únicos, también los que participamos de grupos de intereses particulares debemos entender que algunas de nuestras demandas, aunque sean legítimas, deben ser postergadas y poner todos nuestros esfuerzos en las acciones que favorezcan a quienes hoy lo pasan peor. Esto es válido en educación, en temas medioambientales, en beneficios a sectores industriales de tamaño medio (ej.: abusos de la Renta Presunta).

Estamos en una situación complicada. Cómo salgamos de ella nos dirá el desarrollo futuro que tendremos. Este debe incluir más igualdad, que tomará tiempo, y crecimiento, para hacer estas desigualdades actuales más llevaderas en el corto plazo.