En Chile, el agua es un bien nacional de uso público, es decir, de todos, pero el tortuoso e influenciable ingenio legislativo que nos caracteriza consiguió relativizar esa condición y privatizó los derechos de aprovechamiento del agua y la gestión de los recursos hídricos. Tales derechos se entregan a privados que los explotan en su favor y que pueden vender libremente. A veces los derechos ni siquiera son explotados, sino que quedan en el patrimonio de sus titulares en espera de una oportunidad para vender a buen precio aquello por lo que nunca pagaron. Especulación pura y que una escuálida Dirección General de Aguas no es capaz de fiscalizar.

Tales derechos, cedidos por el Estado en forma gratuita e indefinida, podrían mañana ser regresados a aquel mediante un pago a sus titulares con recursos de toda la nación. Negocio redondo para esos titulares, una vez más, porque Chile se ha caracterizado por privatizar bienes públicos tan importantes como la asistencia sanitaria, la educación y la previsión, haciendo de esos tres campos una oportunidad de negocios para inversionistas que como cualquier otro buscan maximizar sus beneficios y no el bien general del país ni tampoco el de sus afiliados.

Nadie se opone a la provisión privada de servicios que tengan que ver con derechos fundamentales —la atención sanitaria, la educación y la previsión forman parte de tales derechos—, aunque bajo regulaciones que no antepongan la manipulación y el lucro de los inversionistas a las necesidades de los usuarios, o sea, exactamente al revés de lo que ocurre en Chile en materia de salud privada, educación de ese tipo y previsión de los trabajadores, salvo que estos últimos pertenezcan a las Fuerzas Armadas.

La propiedad es también un derecho. Hay un derecho a la propiedad, es decir, a hacerse dueño de determinadas cosas y a poder tenerlas y disponer de ellas de la manera que se quiera. Algo distinto son los bienes que pueden ser objeto de propiedad privada, porque en esto último las cosas han cambiado con el correr de los tiempos. En épocas no muy lejanas se aceptaba la propiedad sobre cargos públicos, funciones judiciales, rangos militares, distinciones honoríficas, títulos de nobleza, e incluso sobre personas, como fue el caso de la esclavitud, todo lo cual nos parece hoy bastante escandaloso. Entonces, ¿por qué seguimos aceptando la propiedad privada sobre el aprovechamiento del agua?

Un liberal como John Stuart Mill advirtió ese punto con lucidez cuando señaló que la propiedad privada no sobreviviría sin modificaciones, llamando a “dar imparcial consideración a todas las propuestas dirigidas a hacer que las leyes de la propiedad sean menos onerosas para la mayoría”. Fue todavía más lejos y afirmó “el absoluto derecho de la sociedad para abrogar o alterar cualquier particular derecho de propiedad que, tras suficiente consideración, juzgue que es un obstáculo para el bien público”.
Hace ya tiempo que nuestra Cámara de Diputados está deliberando sobre un nuevo estatuto jurídico para el agua, de manera que esta y su gestión respondan a su condición de bien de uso público, sin transformarla, como ahora, en un bien preferente de los privados. Pero ahí están el lobby y la presión de los grupos de interés para obstaculizar el proyecto, siempre más atentos a sus ventajas propias que a los beneficios para el país. El país, como tal, no tiene posibilidad de contratar lobistas, pero cuenta con que una mayoría parlamentaria legisle sobre la materia mirando a Chile, y teniendo en cuenta la crisis mundial del agua y el particular estrés hídrico de nuestro territorio, y no observando la pantalla por la que llegan los mensajes de los poderosos que pudieran verse afectados por los cambios que se avecinan. También hemos visto alarmadas y hasta apocalípticas inserciones en medios de prensa en las que se anuncia la catástrofe nacional que podría producir una nueva legislación en materia de aguas.

Pero el país está ya acostumbrado a ese tipo de pataletas que pronostican el fin de los tiempos cada vez que alguna autoridad pública adopta decisiones contra intereses privados que se envuelven en la bandera nacional para defender lo que no son más que sus propios privilegios.