El agua dulce, elemento escaso e indispensable para la existencia, es considerada en Chile un Bien Nacional de Uso Público, tal como el mar soberano, el aire o las calles. Pero también, de manera excepcional y por razones propias de nuestra historia reciente, el agua tiene desde 1981 el estatus constitucional de una propiedad privada perpetua, transable y heredable, sujeta a la especulación y virtualmente desregulada en cuanto a garantizar el bienestar de la población. En efecto, el Estado regaló derechos sobre un bien público valiosísimo, enriqueciendo a un puñado de personas y dejando en la desprotección a cientos de comunidades rurales en regiones cada vez más inhóspitas y empobrecidas por una sequía que sabemos solo empeorará. El Estado hoy debe desembolsar miles de millones de pesos para comprar a privados derechos –que hasta hace poco eran gratuitos y provisorios– para asegurar la provisión de agua potable a comunidades rurales. En otras palabras, gracias a un precepto constitucional impuesto sin debate público, Chile ha perdido dos veces su patrimonio: primero, al ceder a privados derechos perpetuos sobre un bien público, y luego, por deber pagar elevados precios por recuperar algunos de esos derechos para cumplir su rol.

Al mismo tiempo, hace pocos días, el ingeniero agrónomo chileno Rodrigo Mundaca recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg “por su incansable lucha en favor del libre acceso al agua potable en Chile”. Creado en 1995, es un importante reconocimiento del compromiso de activistas en defensa de los derechos humanos. Mundaca lleva años exponiendo los casos de usurpación de agua que han ocurrido en los valles de Petorca y La Ligua, entre otros, donde la plantación extensa, única e indiscriminada de paltos (especie que requiere gran riego) ha secado los ríos y las napas subterráneas que surtían a las comunidades, las que ahora dependen exclusivamente de un suministro en camiones, racionado, indigno e insuficiente. En su discurso, Mundaca criticó que Chile lleve a cabo una agricultura intensiva para abastecer mercados extranjeros, pero con efectos tan negativos para la población local.

Ha llegado el momento de mirar el futuro con un real sentido de la sustentabilidad, vocablo de moda y vacuo en boca de muchos, si es que no es pronunciado con honestidad y convicción. Y es que el agua no puede, bajo ninguna pretensión ideológica, ser considerada como un bien de consumo. Es un derecho humano elemental y su uso debe racionalizarse para preservar la vida y el bienestar humano, que son las prioridades lógicas de cualquier sociedad civilizada. No hacerlo es el preámbulo de una larga y penosa guerra.