Las disputas en Quintero por la instalación de plantas de desalinización de agua para abastecer sectores importantes de la Región de Valparaíso reflejan uno de los nudos gordianos de nuestra institucionalidad. Un proyecto que tiene sus resoluciones ambientales al día enfrenta el reclamo de las comunidades locales donde se instalará la planta, argumentando que podría cambiar las condiciones de la bahía y afectar la pesca.

El involucramiento de las comunidades no es exclusivo de este proyecto. Los hemos visto en numerosos otros casos, y es una realidad que deben enfrentar los proyectos grandes, y los no tanto. La dificultad fundamental no es la necesidad de interacción con las comunidades per se, que puede ser virtuosa, sino la capacidad institucional de distinguir el interés particular del bien común. El problema del agua refleja muy bien este desafío.

Las condiciones de provisión de agua en buena parte del país han cambiado en los últimos años. Por la causa que sea, el hecho concreto es que las precipitaciones han disminuido sistemáticamente, la disponibilidad de agua se ha restringido y todo indica que estamos frente a una tendencia que durará años. En esto debieran coincidir desde los más fervientes creyentes de que estamos ad portas de un desastre climático hasta los más escépticos de que ocurra.

La zona central requerirá importantes inversiones en los próximos años para satisfacer las necesidades humanas y productivas de agua. Y no estamos hablando de cientos de millones, sino de miles de millones de dólares de inversión. Se necesitan intervenciones en las montañas para la construcción de embalses, intervenciones en los acuíferos y las napas subterráneas, plantas de desalinización y proyectos de transporte de agua, entre otros.

Todos estos proyectos requieren muchos estudios de ingeniería, pero, sobre todo, su viabilidad dependerá de que la institucionalidad esté a la altura. Los proyectos hay que hacerlos bien, pero hay que hacerlos, y a un costo razonable.

La institucionalidad ambiental debe procurar desarrollar una visión equilibrada, evitando que aspectos puntuales —y muchas veces menores— ejerzan un poder de veto sobre la inversión. Lo mismo para las comunidades. Si existen comunidades que objetivamente se ven afectadas, deben diseñarse las compensaciones adecuadas y con las menores distorsiones. Pero debe evitarse que intereses particulares o de comunidades específicas dejen al resto del país sin agua.