Ha llegado la época del año en que las personas realizan excursiones y paseos por los senderos de montaña en los alrededores de Santiago y otras ciudades. A menudo enfrentan dificultades, como las de los senderistas que desean subir al cerro Manquehue, debido a la escasez de lugares donde estacionar automóviles en las cercanías de ese lugar. Dado que la ciudadanía valora cada vez más poder escalar o caminar por esas zonas, el acceso se convertirá en un problema serio, pues suelen oponerse el interés en el esparcimiento con los derechos de propietarios o vecinos. Ya se advierten, de hecho, grupos que demandan establecer una nueva normativa para el acceso a las alturas, y será necesario desarrollar una política al respecto.

Este problema —incluso el más general del derecho de paso por terrenos planos— lo han enfrentado los países nórdicos y el Reino Unido de distintas formas que permiten el acceso, pero protegen a los propietarios, con resultados aparentemente satisfactorios. No es evidente que dichas fórmulas —que involucran limitaciones al derecho de propiedad que pudieren resultar controvertidas— sean necesariamente reproducibles en Chile. Sin embargo, sí es posible extraer algunas conclusiones.

Es necesario distinguir entre el acceso a montañas y cerros en las cercanías de metrópolis como Santiago u otras grandes ciudades, por una parte, y en lugares rurales, por otra. Esto, considerando que la masa de personas que potencialmente estarían interesadas en participar en actividades de senderismo o de caminatas en los alrededores de zonas urbanas es especialmente grande, lo que probablemente exija estudiar mecanismos para satisfacer esa demanda distintos del solo permiso de paso. Podría contribuir en esa línea la creación de parques nacionales en áreas cercanas a las metrópolis. Estos parques, sin perjuicio de su aporte a objetivos conservacionistas, tendrían como primera finalidad permitir el acceso a la montaña que se ha perdido con el desarrollo inmobiliario. Al respecto, ya existe cierta presión ciudadana para crear un parque nacional en el río Olivares, detrás del San Ramón, que facilite su acceso para el excursionismo y el senderismo. Tal vez sería posible también preservar parte del Manquehue como un parque urbano, así como otros lugares en las cercanías, por ejemplo en los accesos al Cerro Plomo, en el valle del embalse del Yeso o en el Alto Río Maipo.

Fuera de las grandes ciudades también hay problemas para acceder a las montañas. Existen, por ejemplo, muchas cadenas montañosas que son propiedad del Estado, pero para las cuales no hay más acceso que a través de terrenos privados. Ante esas situaciones, el Estado podría establecer servidumbres de paso obligatorias, pero compensadas a valor comercial. En aquellos casos en que las montañas son privadas, podrían establecerse exenciones de impuestos cuando el propietario permita el acceso de los excursionistas.

Si el Estado cree que el acceso a la montaña es un bien valioso, se debe fomentar mediante medidas que lo faciliten. Se trata de actividades que contribuyen a la salud física y mental, y que aumentan el apego de las personas a uno de los rasgos distintivos del paisaje nacional. Existen algunos proyectos de ley en el Congreso que intentan abordar el tema, pero no parecen haber avanzado mucho. Antes que iniciativas descoordinadas, parece más adecuado y oportuno que la autoridad estudie una política de acceso a la montaña, que reúna y perfeccione los aspectos más atractivos de las propuestas parlamentarias, y los complemente con las medidas administrativas necesarias.