Chile está asumiendo riesgos innecesarios en las defensas ante tribunales internacionales, por falta de una institucionalidad permanente para su comparecencia en ellos.

La tendencia mundial es aumentar la judicialización y jurisdicción internacional, no solo para resolver problemas limítrofes, sino también contenciosos sobre inversiones extranjeras, derechos humanos, ambientales, financieros y de los más diversos órdenes, con implicancias económicas, en políticas públicas soberanas y en las relaciones internacionales de Chile.

La clásica inmunidad de jurisdicción y de ejecución internacional se ha restringido por renuncia, mediante legislaciones internas; por interpretaciones exageradas de las Cortes, y por tratados internacionales. Deben agregarse judicializaciones abusivas como la practicada por Bolivia, algunos inversionistas extranjeros, incluso personas naturales chilenas y extranjeras, dentro del sistema interamericano sobre derechos humanos.

Se continúa postergando la creación de una Agencia permanente para la defensa de los intereses de Chile ante los tribunales internacionales. La ausencia de esta unidad expone a improvisaciones, dificulta la adopción de medidas preventivas para evitar y controlar los daños de eventuales juicios a los que puede ser arrastrado el Estado chileno, y afecta la eficacia, oportunidad y organización de las defensas. Esto, por falta de continuidad, pérdida de la memoria y contradicciones, por la ausencia de un repositorio de los antecedentes de litigios anteriores, y por descoordinaciones y dispersión de responsabilidades entre ministerios y reparticiones públicas.

Hace más de una década, el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, con la valiosa colaboración de ministerios y reparticiones públicas, planteó la necesidad de crear una institucionalidad para abordar estas falencias.

La nueva ley de la Cancillería, de marzo del año pasado, recogió esa iniciativa, sujeta a reglamentación por decreto presidencial, aún pendiente.

El actual gobierno cuenta con todos los antecedentes y una propuesta específica luego de haber dispuesto de una comisión interministerial y de juristas. Es tiempo de asumir la modernidad y poner en marcha la creación de la unidad permanente para la defensa judicial de Chile ante los tribunales internacionales.