El Gobierno asigna un sinnúmero de bondades a la reintegración de los impuestos a la renta, política que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados. Dice que tendrá un efecto importante sobre el crecimiento, el ahorro y la inversión, y que con ello habrá mayores salarios y empleo. También dice que hará más progresivo y equitativo el sistema. Asimismo, argumenta que aliviará a las pymes.

¿Es tan fantástico reintegrar? Hay dudas razonables de ello.

Primero, los efectos sobre el crecimiento que proyecta el Ministerio de Hacienda parecen exagerados. Una buena ilustración la ofreció Rodrigo Vergara, investigador del CEP, en una entrevista en este medio. Vergara comparó los 0,6 puntos de mayor crecimiento en 12 años que el Gobierno estima generará la reforma, con los 0,2 a 0,3 puntos que producirá, la que se aprobó recientemente en los Estados Unidos según estimaciones de economistas cercanos a la administración Trump. Si la reforma en Chile rebaja los impuestos a las empresas en el equivalente a un punto y la norteamericana en catorce, ¿cómo puede lograr dos a tres veces más de ganancias en crecimiento?

No hay otros mecanismos en la reforma que produzcan un efecto tan grande y perdurable que explique las estimaciones de Hacienda. La depreciación acelerada, que reduce el costo de invertir, es un beneficio transitorio. Asimismo, la rebaja de impuestos implícita en la reintegración favorece la inversión, pero también hace más atractivo retirar utilidades. No es obvio, entonces, que se produzca una mayor inversión y ahorro, y que ello resulte en mayor crecimiento. En resumen, las proyecciones de Hacienda parecen abultadas.

En segundo lugar, el Ejecutivo dice que reintegrar traerá más progresividad tributaria. Argumenta que del total de personas beneficiadas por la reintegración, poco más de un cuarto son individuos de bajos ingresos que debiesen estar exentos del Impuesto Global Complementario (IGC), pero que hoy tributan porque no se les acredita todo lo pagado a nivel de las empresas. Al mismo tiempo, el Gobierno indica que solo un 3% del total de beneficiados pertenece al grupo en el tramo más alto de ingresos.

La progresividad no se mide por el número de personas beneficiadas, sino por cómo se distribuye la reducción de impuestos entre contribuyentes de distintos niveles de ingresos. De acuerdo a cifras entregadas por el ministerio a la comisión de Hacienda de la Cámara, el 55% de la reducción tributaria se la llevarán 18 mil personas en los dos tramos más altos de ingresos. El restante 45% se repartirá entre más de 290 mil personas de menores ingresos.

Asimismo, cuando la reducción de impuestos se mide como proporción de los ingresos de cada grupo, el mensaje es el mismo: los que más se benefician son quienes más ganan. En efecto, según estimaciones del académico de la UC Rodrigo Valdés, la rebaja de impuestos que obtienen las personas en el tramo más alto, como proporción de sus ingresos, es más de dos veces la que obtienen los del tramo más bajo.

En definitiva, reintegrar es regresivo.

En tercer lugar, las autoridades dicen que reintegrar traerá equidad horizontal. Esta se da cuando dos personas con los mismos ingresos pagan los mismos impuestos a la renta. Pero en Chile, los trabajadores pagan impuestos por los ingresos que generan, mientras que los empresarios, por los ingresos que retiran. En otras palabras, los trabajadores pagan impuestos a la renta y los empresarios, al consumo. Esta diferencia de bases tributarias hace que haya trabajadores que pagan mucho más en impuestos que empresarios de igual renta. La reintegración aumenta aún más esa brecha.

Finalmente, la autoridad también argumenta que reintegrar traerá alivio a un número importante de pymes que tributan en el sistema semiintegrado. Pero no se necesita reintegrar a todos para lograr este alivio: basta con que se les permita a estas pymes pasar al régimen especial que hoy existe para ellas, uno en que tributan sobre la base de su flujo de caja y que ya está integrado. Las pymes parecen más bien una excusa.

En síntesis, las bondades atribuidas a la reintegración son, a lo menos, sobreoptimistas. Asimismo, dada la rebaja de la tasa máxima del IGC de la reforma del 2014 —justificada por el aumento de la base en el sistema atribuido—, de aprobarse la reintegración, las personas de más altos ingresos pagarán menos impuestos que previo a esa fecha. ¿Es este el sistema tributario que deseamos?

Nos gusta compararnos con la OCDE, pero parece que lo hacemos solo cuando resulta conveniente. Las autoridades no parecen reparar en que la tributación plenamente integrada es una anomalía en la organización. En efecto, cerca de dos tercios de estas economías tienen sistemas completamente desintegrados (23 países de 36), y apenas cuatro tienen sistemas totalmente integrados.

Uno debe entonces preguntarse por qué la abrumadora mayoría de los países desarrollados ha optado por la desintegración. Seguramente, detrás de ello haya razones de justicia tributaria, simplicidad de administración y un menor espacio para la evasión y elusión. Entonces, ¿por qué reintegrar? Existen otras formas más efectivas de promover la inversión con menores efectos sobre la progresividad del sistema. No hay motivos para no abrirse a ellas.